4.LA DISSTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS COMO VÍA AL SOCIALISMO

Capítulo 4.  La distribución de las rentas como vía al socialismo

Si miramos el panorama general, las orientaciones que  han acabado prevaleciendo en los comportamientos concretos de la izquierda occidental y, sobre todo, en la italiana  --más allá de la recurrente aparición de algunos intentos de revisión crítica, sobre todo de determinadas luchas sociales (e incluso de ciertas experiencias con la introducción de transformaciones parciales en el modelo dominante de organización del trabajo que evidenciaron sólo la posibilidad de recorrer distintos caminos, dentro de ciertos límites para asentarse una izquierda “diversa”--  se puede sostener que, particularmente en la segunda posguerra, se obstinaron en anclarse en los viejos objetivos del socialismo del siglo XX. Esto es, en la redistribución de las rentas como provisional (y a menudo precaria) atenuación de los costes sociales derivados del industrialismo y del desarrollo incontrolado de las fuerzas productivas, que se asumió acríticamente como precondición para conseguir  otro sistema social más evolucionado; también en la modificación (mediante formas diferentes y graduales) de los sistemas productivos o, por lo menos, en la contención y el control de las posiciones de monopolio. Eran unos objetivos que, en su conjunto, se llamaron genéricamente “democracia económica”, aunque este término, en su tiempo, lo utilizó Karl Korsch con otros objetivos y en otras circunstancias.

La importancia de las políticas distributivas, como complemento y corrección de la férrea parcelación del trabajo, fue asimilada rápidamente por los partidarios más ilustrados  del taylorismo. El primero entre ellos fue Henry Ford que supo acompañarlo, ante las oleadas de absentismo y de una auténtica fuga de las primeras cadenas de montaje, con la “organización científica del trabajo”  y el incremento de los salarios más altos que se pagaban en el mercado laboral norteamericano, además de crear un embrión de sistema de protección social y de asistencia sanitaria en sus empresas. 

Muchos años antes, otros conservadores –más o menos ilustrados--  tuvieron la misma capacidad de establecer (hegemónicamente) la tensión de una distinta distribución de las rentas y hacer frente a los efectos sociales, con frecuencia desvastadores de la primera revolución industrial y sus oleadas sucesivas. Otto von Bismarck, por ejemplo, tuvo la intuición de provocar la industrialización a marchas forzadas de Prusia. Lo hizo para acercarla a los modelos occidentales con el primer sistema estatal de protección social. Y en la Inglaterra de la primera revolución industrial fueron incluso las mayorías torys  las que recogieron y “gobernaron” las primeras demandas del movimiento cartista, adoptando en el Parlamento importantes medidas sociales, como la modificación de las “Poor Laws” y la primera legislación sobre el trabajo en las fábricas (23)

Pero bien pronto  se despejó cualquier equívoco posible. No pienso, en absoluto, que toda política distributiva (o redistributiva) no tenga consecuencias, incluso relevantes, en las condiciones materiales del trabajo, en la organización de la producción y del trabajo en los países industriales y en los derechos de los asalariados. Semejante juicio sería paradójico en mi forma de pensar. De hecho, sería absurdo infravalorar, por ejemplo, la importancia y necesidad de una fuerte iniciativa salarial por parte del sindicato, incluso en las fases de reestructuración de las empresas y de reorganizaciones parciales del trabajo. No sólo porque las condiciones salariales de la mayor parte de los trabajadores subordinados en las empresas son todavía muy bajas en Italia y con grandes desigualdades –que poco o nada tienen que ver con la profesionalidad, la cualidad o la peligrosidad del trabajo. Sino porque es impensable una estrategia sindical de transformación de las condiciones de trabajo, y de la misma organización del trabajo, que no esté apoyada por una política salarial, selectivamente orientada a promover tales transformaciones y hacerlas posible.

  

Lo que queremos destacar es lo siguiente: somos conscientes de que la aparición de nuevos derechos fundamentales, civiles y sociales en el curso del siglo XX, comportó el inicio de una nueva fase del conflicto para conseguir una redistribución de los recursos capaz de poner los medios, incluso materiales (en términos de rentas y servicios) para el ejercicio efectivo de tales derechos. Dahrendorf habla con razón, incluso de manera reductiva, de la contradicción existente entre provisions, los recursos, necesarios para el disfrute de algunos derechos fundamentales y la declaración, en la consciencia colectiva y en la legislación misma, de nuevos derechos “esperados” o entlements (24). Sin embargo, no podemos ignorar que las políticas distributivas de los Estados (y a menudo también en los sindicatos) se han orientado, de manera creciente, con el acuerdo o la neutralidad de las izquierdas, no tanto a la promoción y el apoyo al ejercicio de determinados derechos como a la adopción de medidas de “compensación” por su falta de ejercicio. Sobre todo cuando ese ejercicio efectivo cuestionaba las “sagradas” prerrogativas del poder empresarial y las jerarquías del management.

De hecho, en la mayoría de los casos el “espacio protegido” de la declaración y el ejercicio de algunos derechos fundamentales permanece en el espacio de la producción de bienes y servicios. Este, y no otro, es el sentido de la amarga constatación de muchos sostenedores de la “sociedad de los derechos”, como Norberto Bobbio, cuando subrayan que “la democracia se ha parado en las puertas de las fábricas”

Así, en numerosos casos, las políticas distributivas pueden utilizarse (ya sea por transferencias de recursos, en términos de rentas o servicios, ya sea por concesiones salariales) como “resarcimiento” para la negación o la ausencia del ejercicio de ciertos derechos o para estar sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud, incluso cuando estas políticas permitían satisfacer, al mismo tiempo, necesidades reales. O, en otros casos, podían permitir el ejercicio de otros derechos que no se podían ejercer en el espacio protegido de la producción de bienes como substitutos de aquellos.

Como hemos recordado, Bismarck creó el primer y rudimentario sistema de protección social en Prusia. Pero al mismo tiempo  puso fuera de la ley a las organizaciones socialistas y a los sindicatos. De igual manera Henry Ford supo romper las leyes del mercado, reconociendo a sus empleados en 1914 una paga de cinco dólares diarios para eliminar el absentismo en sus cadenas de montaje (25). Pero, al mismo tiempo, impidió con sus matones la entrada del sindicato en sus fábricas, al menos hasta 1942.  

Con unos métodos ciertamente más blandos se difundieron en Italia, en la segunda posguerra, varias formas de subidas salariales orientadas a compensar la prestación del trabajo allá donde había unas condiciones de extrema gravedad o nocividad. Los trabajadores lo llamaban (y se mantiene todavía esa expresión) “la monetarización de la salud”. En muchos casos se mantiene la regla cuando los trabajadores no consiguen imponer, mediante la acción colectiva (como substituto de un incremento salarial) medidas concretas de eliminación de las causas de la nocividad y peligrosidad del trabajo. Incluso, como sucedió en algunos casos, por ejemplo en la Fiat, buscando sistemáticamente imponer formas de remuneración del trabajo que vinculaban una parte del salario no al rendimiento efectivo, cuantitativo y cualitativo o a la productividad sino a lo que se llamó, de manera imaginativa, la “buena marcha de la empresa”. Que, más allá de transformar en un hecho puramente aleatorio la remuneración de una prestación dada, niega como principio no sólo el derecho colectivo de los trabajadores y de los sindicatos a negociar las condiciones de trabajo y las reglas que las presiden en la organización del trabajo, sino el pleno reconocimiento –mediante la negociación colectiva--  de algunos derechos “elementales” como la remuneración del rendimiento efectivo del trabajo y su profesionalidad.

Entre las políticas distributivas adoptadas por la izquierda occidental, y sobre todo europea, destaca ciertamente la creación en la segunda posguerra de diversas formas de welfare state o de Estado de bienestar  que tendían a garantizar --de diversas maneras a todos los trabajadores dependientes (y en algunos casos a todos los ciudadanos)--  el derecho a una pensión, la asistencia sanitaria, además del derecho a la enseñanza pública y gratuita que ya se había consolidado en un cierto número de países a finales del siglo XIX.

Fue ciertamente una conquista de dimensiones históricas que, al contrario de los convenios colectivos en las empresas norteamericanas bajo la tutela del poder adquisitivo, bajo las mutualidades de empresa y los fondos de pensiones (duramente cuestionados en los años setenta y ochenta), permitió consolidar  algunos derechos universales de los trabajadores y de los ciudadanos, independiente de las disponibilidades contingentes de las provinsions y de las fluctuaciones de la economía.  Además, permitió abrir el camino a una legislación social (aunque cada vez más fragmentada y condicionada por la coyuntura económica) en beneficio de los trabajadores desempleados o en busca de empleo. Así es que no se puede discutir el alcance de tales conquistas  y su influencia en la evolución de la democracia política en todas las naciones de Occidente. Pero tampoco hay que infravalorar la parcialidad y los límites que han caracterizado su promoción y su gestión en cada país. Estos límites no son ajenos a a la grave crisis, no sólo “fiscal” sino de consenso, que el Estado de bienestar está atravesando en todos los países de la Europa Occidental. 

La parcialidad (o limitación) consiste, en primer lugar, en la exclusión, al menos inicialmente, en el ámbito de la protección social en los centros de trabajo, de los trabajadores más afectados por la organización taylorista. No sólo en su salud sino en su profesionalidad, en su propia libertad de iniciativa, en su acceso a la información y a la formación. Es una parcialidad que, en muchos países, se refleja en el carácter, todavía embrionario y muy discontinuo, de la intervención de las estructuras  públicas para la “prevención” (y no sólo el cuidado) de las enfermedades profesionales típicas del industrialismo moderno y del taylorismo; para la remoción, mediante el apoyo financiero de la colectividad, de los fondos contra la nocividad (en todas sus formas) y la mejora del medioambiente para las personas que trabajan. De hecho, no es por casualidad que tal configuración  --prevalentemente distributiva del Estado de bienestar, esto es, aportar recursos y servicios para la satisfacción de algunos derechos llamados sociales--  ha excluido durante mucho tiempo la consideración de los derechos civiles primordiales que no podían garantizarse mediante la ampliación de intervenciones de resarcimiento: la tutela del ambiente y del equilibrio ecológico frente a los efectos, a veces devastadores, del industrialismo sin reglas para la persona y la supervivencia del ecosistema: el ejercicio de los derechos de la mujer a la autorrealización en el trabajo en la sociedad civil y en la vida familiar, contra la división social del trabajo exasperada del industrialismo y la parcelación  de las funciones y de los roles que producía la sociedad del management; la reinserción de los ciudadanos con minusvalía en el mercado laboral y en la sociedad civil para garantizarles --con el sostén colectivo para la rehabilitación, la formación y la organización del trabajo— su derecho al acceso a un trabajo libremente elegido.   

Sin embargo, todo ello se refleja en la separación que se fue concretando, salvo en algunas interesantísimas pero embrionarias excepciones, entre la formación académica y la profesional que, cada vez más, se iba reduciendo a un apéndice de aquella y a ser “una escuela de los pobres”. Y sobre todo entre el mundo de la enseñanza académica pública y privada y la formación de nuevos conocimientos, nuevas culturas y nuevas aptitudes en el mundo de la empresa. Una malentendida independencia de la escuela pública ha favorecido un progresivo alejamiento de las velocísimas transformaciones de los saberes y de las culturas que maduraban en las empresas. Lo que se tradujo en que los jóvenes eran cada vez más débiles y estaban desarmados para ingresar en un mercado laboral cada vez más cambiante y flexible. De ese modo  los jóvenes se encontraron con lo que parecían ser fuerzas ciegas de la ciencia y de la técnica, de las que ignoraban sus fundamentos racionales y su funcionamiento. Sólo vieron cómo se ampliaban sus conocimientos en las empresas a través de  las nociones deliberadamente parciales y meramente funcionales en el “hacer” un determinado trabajo (y sólo ése). 

               

Estamos muy lejos del proceso profetizado por Marx (no situado, ciertamente, en los “horizontes del comunismo” sino en esta sociedad industrial) cuando sostenía que  “sería una cuestión de vida o muerte”, para la gran industria, “sustituir al individuo parcial, simple instrumento de una función social de detalle, por el individuo desarrollado en su totalidad, para quien las diversas funciones  sociales no son más que otras tantas manifestaciones de actividad que se turnan y se relevan". Y cuando añadía: “Un elemento de este proceso de subversión se desarrolló espontáneamente en la base de la gran industria: en las escuelas politécnicas y agronómicas; otro fenómeno son las Écoles d´enseignement professionel en las cuales los hijos de los obreros reciben algún tipo de formación en tecnología y en el manejo práctico de ciertos instrumentos de producción” (26).

Los límites de las legislaciones del welfare state permitieron, sin embargo, la realización, al menos en muchos países, muchos países, de  unos descomunales aparatos centralistas, escasamente habilitados para adaptar los servicios del Estado de bienestar a las necesidades específicas de las diversas colectividades y, menos todavía, para personalizar las intervenciones en función de la naturaleza de los obstáculos que es preciso superar con el fin de que cada ciudadano, con independencia de sus minusvalías (físicas, culturales o sociales) pueda ejercer el derecho universal al acceso al trabajo con iguales oportunidades con respecto a los demás en lo atinente a derecho a la enseñanza, la salud o la pensión de jubilación.

Los límites están también en  haber descuidado la exigencia de garantizar un efectivo y difuso poder de control y propuesta a los usuarios de los diversos campos del welfare state. Este dato, con la acentuación con el paso del tiempo (y con intensificación de las dificultades de financiación del welfare state) de las prestaciones corporativas –encaminadas a incautar una parte de sus recursos a favor de las minorías más fuertes, junto a las degeneraciones clientelares en algunos países, como en Italia— permitieron, paradójicamente, la creación de una verdadera jungla de derechos, privilegios y desigualdades en las oportunidades de acceso a los servicios de la colectividad. Una jungla de los derechos que transformó la solidaridad social entre los ciudadanos, ejercida sobre la base de reglas universales y transparentes de contribución y servicio que constituía el fundamento filosófico del welfare state, en una especie de solidaridad oculta,  que se substraía a la gestión y control tanto de sus contribuyentes como de sus propios beneficiarios. Y, por ello mismo, expuesta a sufrir los contragolpes de una crisis de consenso en las mismas clases trabajadoras.          

La otra “cara” de la política redistributiva, sostenida por las fuerzas de izquierda, para limitar y compensar los efectos, con frecuencia degradantes de la parcelación del trabajo y de la descualificación de masas que la acompañó durante un largo periodo, se caracterizó –frente a las crecientes dificultades para utilizar el arma fiscal como instrumento de redistribución de las rentas--  por unas reivindicaciones sindicales principalmente orientadas a los salarios. 

Naturalmente, las políticas salariales de los sindicatos han tenido, en el curso del tiempo, diversas motivaciones y distintos objetivos. De igual manera tuvieron diferentes fases. No es este el lugar para analizarlo. Nos basta con recordar que, salvo breves periodos y con algunas relevantes excepciones, no se orientaron sistemáticamente a incentivar y sostener una intervención de los trabajadores en la organización del trabajo. Como, por ejemplo, cuando se establece una relación entre el salario y la realización de programas y proyectos acordados entre grupos de trabajadores y el management; o cuando se define un apoyo salarial a la negociación de procesos incentivados de movilidad profesional y alternancia en las que se prevé una adecuada remuneración salarial. 

Por lo general, la acción contractual del sindicato –con o sin existencia de los sistemas nacionales de tutela automática de los salarios reales— ha estado presidida preferentemente por la defensa del poder adquisitivo de las retribuciones y por las remuneraciones compensatorias del rendimiento del trabajo, por las prestaciones de peligrosidad o por las horas extraordinarias. Y, en muchos casos, más allá de la negociación, con variadas formas de retribución por rendimiento y por los pluses, bajo distintas maneras, de antigüedad (la seniority). Que se orientaban a resarcir la inmovilidad de las categorías profesionales de las cualificaciones tradicionales o del trabajo poco cualificado. 

A veces la política salarial de los sindicatos se expresaba con reivindicaciones igualitaristas.  Y casi siempre faltó el objetivo de reconducir en la negociación colectiva las remuneraciones de los trabajadores más cualificados, los técnicos y los investigadores. De esta manera se dejaban tácitamente a estas categorías –que asumen una función estratégica en cualquier sistema industrial avanzado—  un espacio muy relevante para las decisiones unilaterales de la empresa, permitiéndoles, por esta vía también, una posición de dominio sobre la organización del trabajo.

Por otra parte, en lo relativo a las formas de intervención en la propiedad de la empresa, propugnadas en ocasiones y formas diversas por la izquierda occidental, es lícito afirmar que, agotada en la segunda posguerra la fase de nacionalización de las industrias que se consideraban de una  importancia estratégica --la energía en primer lugar-- y de las municipalizaciones de los servicios (sin que estas hubieran incidido en las formas de organización del trabajo, ni en el poder de intervención de los trabajadores y los sindicatos sobre programas de inversión de las empresas), la puesta en marcha de esas formas de intervención, decimos, pudo hacerse, con efectos substanciales que determinaron el favor de los trabajadores empleados, en el ámbito de las políticas distributivas.

Sin embargo, la experiencia alemana de la Mitbestimmung [cogestión, JLLB], que se puso en marcha en la industria del carbón y la siderurgia durante la ocupación aliada, y sucesivamente extendida a todas las grandes empresas industriales en formas parcialmente diversas en la República Federal, dio vida a una “democracia de los expertos” capaz de nutrir, a las organizaciones sindicales y a los grupos dirigentes de los consejos de los trabajadores, de informaciones útiles para defender los intereses de los trabajadores ocupados en las fases de reestructuración. Pero ello no ha ido más allá de la legitimación de un poder consultivo, que raramente ha sido determinante en la definición de las estrategias de inversión de las empresas y sin ninguna influencia en las formas concretas de la organización del trabajo.  De un lado, la presencia minoritaria de los sindicatos (que tienen potestad reivindicativa y contractual) representando a los trabajadores en el seno de las Comisiones de seguimiento; y de otro  lado, las funciones no contractuales  de los consejos, elegidos en los centros de trabajo, impidieron de hecho que los problemas de las condiciones de trabajo y sus cambios encontraran, legítima y prácticamente, un lugar para que la cogestión pudiera afrontarlos y resolverlos.

Por otra parte, el Plan Meidner en Suecia –incluso en sus versiones más edulcoradas— pudo  favorecer en las grandes sociedades industriales suecas, como máximo,  una participación de los trabajadores o de sus fondos de pensiones en el capital social poco más que simbólica y un poder de decisión de los sindicatos casi nulo en las estrategias de las empresas. Es una situación muy diferente de cuanto sucede en el puesto de trabajo donde el sindicato, sin la necesidad de legitimación financiera alguna, dispone de otros instrumentos potentes de intervención en las innovaciones tecnológicas y organizativas. Es decir, no en base a un título de propiedad sino como un derecho legitimado por la ley o por el convenio.

En relación a los intentos de la izquierda italiana de avanzar proyectos de “control democrático de los monopolios”, de extensión de la industria de propiedad estatal (el capitalismo de Estado como “antesala del socialismo”, teorizado por Lenin) o, sucesivamente, como restauración de las condiciones de concurrencia, mediante la abolición de los monopolios (1956) y, todavía más, pasar del “control obrero” al “control del consumidor” (1980), se han quedado en la generalidad de la letra muerta. Al tiempo que aparecía públicamente su carácter mistificador –como fue el caso de las “imágenes” de la autogestión del trabajo-- sancionada durante poco tiempo por las cooperativas.          

Estas variadas formas de inversión de las rentas o del ahorro de los trabajadores pueden constituir, ciertamente, sobre todo en algunos países, una parte substancial de la política redistributiva del sindicato. Incluso si su incidencia efectiva en las estrategias empresariales y,  todavía más, en la organización del trabajo y en la condiciones laborales de los “titulares” de los paquetes accionariales hayan tenido, hasta la presente, unos resultados absolutamente nulos.  Salvo en los casos bastante raros en los que la participación en el capital y en el “riesgo de la empresa” se concreta en lo “convenido” a través de un poder de codecisión en las más importantes opciones del management en el terreno de las inversiones, la investigación, del proyecto y la organización del trabajo. Sólo en esta hipótesis podemos imaginar que los representantes de los trabajadores acepten invertir el ahorro colectivo de los asalariados en objetivos empresariales o en experimentos organizativos y muy innovadores. Y, por eso mismo,  con rentabilidad incierta y, sin embargo, diferida en el tiempo. En todos los otros casos, hablar de “participación en la gestión de la empresa”, mediante la participación de las rentas salariales o del ahorro de los trabajadores en la formación del capital de una empresa, raya en la mistificación. Es un artificio conceptual que expresa bien el intento, obstinadamente repetido, de evitar o remover, mediante políticas meramente distributivas, el nudo de la participación “en las decisiones”. O sea, de un compromiso dirigido por el sindicato (a través de un diálogo, incluso conflictivo) orientado a influir sobre la organización de los trabajos y sus roles (sobre “cómo producir”) para implicarse, con la titularidad que se deriva de la representación organizada de los trabajadores subordinados, en las estrategias de inversión del management (27).

Permaneciendo tales límites, el uso del ahorro de los trabajadores dependientes, tan enfatizado por sus finalidades “sociales”, paradójicamente sólo puede seguir unas reglas que tienden, no obstante, a chocar con la posibilidad de conseguir, en una empresa concreta, unas inversiones fuertemente innovadoras a veces con rendimientos muy diferentes. El imperativo que asume el administrador del ahorro colectivo no puede ser  otro que la consecución de las máximas garantías posibles para conseguir una amplia y estable rentabilidad (mediante la distribución de los recursos en una pluralidad de empresas con la idea de reducir los márgenes de riesgo), capaz de remunerar adecuadamente ese ahorro  y los servicios, pensiones u otros, para los cuales ha sido recogido e invertido.

Notas.

(23) Karl Polanyi en La gran transformación que ya hemos citado en otra ocasión.    

(24) Ralph Danrendorf, El conflicto social moderno. Biblioteca Mondadori, 1990.  

(25) “El salario de cinco dólares diarios por ocho horas de trabajo fue una de las decisiones que mayormente contribuyeron a reducir los costes de producción”, dirá Henri Ford en su biografía (ver Braverman, en la obra citada anteriormente).

(26) Karl Marx, El Capital. Libro I. Capítulo IV. 

(27) Guido Baglioni, un sociólogo que se presenta como cercano al sindicato, defiende en Democrazia imposibile? [Il Molino, 1995], defiende la participación “no conflictiva” en el capital y en la rentabilidad de la empresa, presentada perentoriamente como la única vía practicable dado su carácter no “subversivo”.       

 

5. LA VUELTA DE LOS DERECHOS

Capítulo 5. LA VUELTA DE LOS DERECHOS

Con las revoluciones políticas de 1989 que, en contra de muchas previsiones, se desarrollaron bajo las banderas de los derechos civiles, de las libertades y de la autodeterminación (y no a partir de una revuelta social de tipo tradicional y de una latente crisis económica) se abre ciertamente una larga fase de reelaboración y redefinición no sólo de las ideologías del movimiento socialista sino, incluso,  de las políticas económicas y de la misma organización social de las naciones del Occidente europeo.

El mito del Estado propietario se derrumba, incluso en las formas que asumió en el reformismo gradualista. También se derrumba el mito de acceso, aunque sea parcialmente, a la propiedad de los medios de producción como prerrogativa soberana de los Estados nacionales y, sobre todo, como condición imprescindible para influir en las opciones de poder del management.

Se cuestiona radicalmente la confianza acrítica de las potencialidades objetivamente “progresivas” (si no revolucionarias) del incesante desarrollo de las “fuerzas productivas” groseramente asumidas como un “conjunto integrado”  y no, sin embargo, como una conflictiva acumulación de impulsos, incluso, muy contradictorios. Madura, de hecho, una conciencia difusa: no sólo el desarrollo  sin reglas de las “fuerzas productivas” puede acentuar los factores de subordinación y mutilación del trabajo humano o puede tener efectos devastadores sobre el medio ambiente, la naturaleza y el hecho de vivir en el territorio, sino que –de por sí--  no suscita un cambio en las “relaciones de producción”; ni, tampoco, una ampliación de los espacios de democracia y las libertades individuales. También, dondequiera que el imperativo del desarrollo tuvo el viento de cara --respetando los derechos individuales y sus “abundantes” reglas democráticas—exigió para sostenerse la consolidación de formas, cada vez más autoritarias y burocráticas del gobierno de las sociedades y de las empresas; y tras los primeros y rápidos éxitos ha acabado por traducirse en una incontenible degradación económica  y social.

Incluso los diversos modelos de “redistribución” de las rentas y de la propiedad que dominaron las culturas de las fuerzas de izquierda más gradualistas no podían no resentirse del impacto de una crisis de ideas de tal alcance: la “solidaridad oculta”, gestionada por un Estado de bienestar frecuentemente muy centralizado, no llevaba, de por sí, a la extensión de nuevos derechos y poderes a favor del universo del trabajo subordinado, cada vez más marcado por una mayor diversificación en las expectativas de trabajo, de información, de salud e incluso de vida, y de amplios procesos de exclusión. Mientras, las dificultades cada vez mayores de su financiación, incluso debido a su gestión centralista (con las no infrecuentes degeneraciones asistenciales y clientelares) y su creciente “pérdida de sentido”, tendían a reducir los espacios de erogación de servicios sociales suficientes  para garantizar el ejercicio –con unos mínimos— de los derechos universales de los trabajadores y de los ciudadanos en los campos de la salud, la protección social y la enseñanza (28).

Por lo general, tienden a reducirse los espacios para una política redistributiva más favorable al trabajo dependiente, en presencia de la inestabilidad de los cambios y de las recurrentes tensiones inflacionistas; en presencia del fuerte (fortísimo en Italia) endeudamiento de los Estados y de la conexión de la redistribución de los recursos a favor de nuevas clases de rentiers y de la especulación financiera; y en presencia de las primeras señales (incluso en términos de la ralentización cíclica de las tasas de productividad en las grandes naciones industriales) de la crisis generalizada del sistema fordista y de su matriz taylorista.

Así se multiplican y diversifican, hasta personalizarse, las necesidades y las demandas que expresa el trabajo subordinado, producidas a su vez por los crecientes costes sociales del sistema de management todavía imperante, por la rampante inseguridad del futuro del empleo; por la precarización de muchas situaciones del trabajo y por el aumento del desempleo de larga duración. Por otro lado, se reducen las posibilidades de responder a estas demandas con las reglas de la universalidad y la solidaridad. Incluso, aunque no sólo, en razón de la contraofensiva liberal de las fuerzas conservadoras y del populismo de derechas. La tendencia a la predeterminación de los salarios por parte de las empresas con la idea de programar a largo plazo sus costes y sus inversiones; el impulso a la comprensión del coste del trabajo y los servicios sociales ante una prevalencia cada vez más acentuada  de la inversión financiera (o de la pura especulación) sobre la inversión productiva de bienes y servicios; los crecientes vínculos que condicionan (en ausencia de profundas reformas en los sistemas fiscales y en la gestión del gasto) la autonomía de las políticas financieras de los Estados… concurren a cuestionar los modelos distributivos del pasado. Sobre todo en la medida en que dichos modelos continúan moviéndose en el ámbito de un cuadro estratégico que asume, como inmutable, la actual organización de la actividad productiva y del trabajo subordinado y la huella que ha impreso en la organización de la sociedad civil y en la misma organización del Estado. En este aspecto nos confrontamos incluso, y al mismo tiempo, con la crisis del pacto y del compromiso social entre trabajadores en los que se basaba en última instancia la función de la representación general y de solidaridad que se atribuía a los sindicatos. Y sobre lo que se fundamentaba la legitimación de la candidatura de los partidos de izquierda al gobierno de la nación para poder conciliar las aspiraciones de las clases trabajadoras con los intereses generales de la colectividad.

Sin embargo, se puede afirmar, esquemáticamente, que los partidos de izquierda, en sus diversas articulaciones (incluso en el interior de ellas mismas) y las organizaciones sindicales –al menos hasta ahora--  han intentado reaccionar a este aprieto, a la restricción de los espacios para practicar una política preferentemente redistributiva y a los riesgos consecuentes de una desarticulación corporativa del conflicto distributivo, a través de dos maneras substancialmente distintas, pero ambas de corto respiro. Particularmente en el caso italiano con líneas de conducta, incluso radicalmente contrapuestas que se revelan, no obstante, en sus diversas opciones, igualmente incapaces de escaparse del impasse al que le han llevado las estrategias clásicas del pasado.

De un lado, la necesaria consideración de los vínculos que pone la crisis financiera de los Estados y del peso del endeudamiento público orienta a una componente de las fuerzas de izquierda al intento de conciliar una (ciertamente inevitable) política de saneamiento financiero y rigor fiscal mediante compromisos transitorios, casi coyunturales, orientados a salvaguardar, por lo menos, una parte de los derechos adquiridos del Estado de bienestar. Pero sin proponer el diseño completo de una reforma radical. Sobre todo en lo atinente a organizar los servicios de modo transparente y fuertemente descentralizado;  en lo referente a  la reunificación de las reglas sobre la base del principio de igualdad de oportunidades a favor de los sujetos con “posiciones de partida”, incluso muy diversas, y del carácter universal de los derechos a la protección social y el acceso a la educación; y en lo relativo a sus formas de financiación.  Pero sin la intención de afrontar los desafíos de la gestión del gasto público, la organización de la sociedad civil, la crisis del sistema taylorista-fordista  y la necesidad de que la democracia entre en la empresa. Y, de esta manera, sin poder ofrecer una contrapartida visible (en términos de derechos reconocidos, de poderes progresivos y democracia “difusa”) que pusiera en marcha, aquí y ahora,  unas primeras medidas embrionarias  favorables a las clases trabajadoras, inevitablemente penalizadas en sus intereses inmediatos por una política de rigor financiero. Lo demuestra la dificultad misma o la renuencia de los partidos de izquierda para definir un programa de reformas institucionales que subordine y oriente la reforma del Estado y de los sistemas electorales a una legislación de nuevos derechos civiles y sociales (con acciones positivas para promover su ejercicio) y una auténtica reforma institucional de la sociedad civil.  De este modo, la izquierda –frente a los mensajes demagógicos de la derecha conservadora sobre el retorno a la milagrosa “mano invisible” del mercado o frente a la promesa de “cambio” y de radical desregulación de la sociedad civil que ha relanzado el populismo reaccionario— corre el riesgo de no poder disponer de la fuerza alternativa de un proyecto de sociedad explícitamente reformador y, al mismo tiempo, creíble por el rigor y la transparencia de sus objetivos y sus medios, capaces de garantizar su realización gradual sin incurrir en la venganza inflacionista del sistema económico.

Por otro lado, vuelve a la escena el intento de responder a la “estrechez distributiva” con el repliegue de reivindicaciones maximalistas (mas que radicales), evocando el fordismo, pero que acaban paradójicamente favoreciendo a los grupos más privilegiados y más corporativos del trabajo asalariado. Sobre el plano de la legislación, con el rechazo de medirse con la regulación y tutela de millones de relaciones de los trabajos informales o precarios, incluso no asumiendo la responsabilidad de reconocer la existencia de una creciente desarticulación del mercado laboral; y con la renuencia a adoptar medidas de oposición al trabajo clandestino y a las decisiones unilaterales de la empresa mediante un sistema de reglas que restablezca la primacía de la negociación colectiva y la implementación de nuevos derechos individuales. O en el plano de las políticas salariales (o de reducción del horario de trabajo) a partir del redescubrimiento, deliberadamente engañoso, de que no existen compatibilidades y vínculos a respetar para los trabajadores y sus sindicatos; que estas compatibilidades son cosa del “sistema” y, por ello, del “patrón”.

Esta regresión cultural y política de una parte de la izquierda  fue  irremediablemente rechazada y derrotada cuando intentó influenciar  la conducta de un conflicto social de alcance general (en la empresa o en el sector). También porque chocaba contra una consciencia de masas adquirida a un duro precio. Es una consciencia difusa que conoce bien los límites y las prioridades a respetar (cuando tales límites y prioridades se han definido autónomamente por los sindicatos y los partidos de izquierda, sobre la base de su reconocimiento del contexto económico existente) para conjurar los desastrosos efectos sobre el plano económico y social (entre ellas, las tensiones inflacionarias); y, sobre todo, para exorcisar la aparición de una ruptura explícita de la solidaridad entre los trabajadores. Una ruptura que, cuando se verifica, siempre ha llevado al aislamiento y a un jaque mate de todo conflicto social de carácter general.  Pero tal regresión cultural puede conllevar un papel muy peligroso en esta difícil fase de tránsito y redefinición de las estrategias de la izquierda. Ante todo, porque con su legitimación del extremismo reivindicativo, repropone una concepción subalterna y corporativa del conflicto social y del sindicato en una situación en la que todavía no ha madurado una revisión completa de las culturas de la izquierda en todas sus orientaciones. Muy particularmente en lo que se refiere al reconocimiento de la autonomía cultural y política del sindicato general y de su papel objetivo como sujeto político. En segundo lugar, porque repropone un esquema viejo de la lucha política  del que la izquierda en su conjunto  todavía no se ha liberado plenamente: la escisión entre economía y política que, en la tradición de la izquierda occidental, ha llevado a considerar el conflicto social como mero terreno de “educación” y “adiestramiento” político de los trabajadores; y, sobre todo, como instrumento de promoción y apoyo del partido político. En una palabra, como trampolín para llegar al poder. 

De hecho, el “partido-guía” sabe perfectamente que si accediera al gobierno debe ajustar las cuentas con tales vínculos, compatibilidades y alianzas. Y también sabe que una infravaloración de dichos vínculos puede lleva al país a la ruina y a la marginación de la fuerza política que es la causante de ello. Pero en este esquema que subtiende una relación entre “vanguardias”, gobernantes ilustrados y gobernados sin conciencia política y sin responsabilidad, el sindicato y los trabajadores, orientados al  conflicto social, los trabajadores son relegados a un papel subalterno, a una válvula de escape y expuestos a las peores consecuencias de la economía y de la sociedad civil. Con graves consecuencias incluso para el posible desarrollo de una política reformadora que intente identificarse con la ampliación de  espacios de democracia. De hecho, en una democracia política moderna o en el tipo de democracia pluralista y transparente que la izquierda está interesada en construir, el “comunismo de guerra”, “la colectivización de la tierra o la NEP se anuncian  y “programan” a la luz del sol primero y no tras la conquista del Palacio de Invierno. So pena de reconducir la política a una ciencia elitista de la ocupación del poder y de la utilización del conflicto de clases con el fin de conseguir los objetivos que nada tienen que ver con los que se predican a la  “ruda classe pagana”, pero incapaces de pensar y proyectarse (*). Este maximalismo reivindicativo, cuando se convierte en estrategia, señala el retorno a la cultura elitista y “golpista” del partido de vanguardia que ya ha mostrado sus efectos devastadores cuando se transforma, primero, en un instrumento de manipulación y, después, de opresión de los trabajadores.

El tercer elemento: dado que no estamos en 1917 o en los años treinta, desde el punto de vista de la complejidad de la economía y la sociedad y desde el punto de vista de la experiencia metabolizada de amplios estratos de trabajadores, tal regresión maximalista –no pudiendo obtener un apoyo difuso en los actores del conflicto social-- puede convertirse, y así ocurrió en muchos casos, en un peligroso factor de legitimación de la diáspora corporativa del conflicto social. Si el maximalismo reivindicativo, el salarismo –entendido como vía a la desestabilización del “sistema”--  nunca podrá conquistar el apoyo de amplias masas de trabajadores y, sobre todo, nunca conseguirá una solidaridad entre los diversos sujetos del mercado laboral, puede legitimar legitimar minorías fuertes con intereses conservadores como la defensa de privilegios discriminadores o la defensa del oficio y del estatus contra un proceso de recualificación de masas, la movilidad profesional y las formas posibles de recomposición del trabajo. O la defensa de mecanismos exclusivos de monopolios arcaicos y discriminadores de cara al empleo. Tales minorías fuertes con intereses conservadores son con frecuencia las que utilizan la retórica del maximalismo reivindicativo para la consecución o el mantenimiento de privilegios reales perjudicando  a la mayoría de los trabajadores, como lo demuestra la experiencia concreta de estos años.

Así se explica el guión de los huérfanos del fordismo, hoy teóricos de la “liberación del conflicto social”  con su empacho, mistificador e interclasista, representados por las sedicentes “compatibilidades” con una apología desprejuiciada de todos los movimientos de tipo corporativo, metiendo de matute las señales de la validez del conflicto de clase. Es entonces cuando estos movimientos se revelan, con sorprendente rapidez, como factores poderosos de disgregación y desarticulación de los derechos generales conquistados en las luchas sociales de las pasadas décadas y de las divisiones de la nueva clase trabajadora que nace de la crisis del fordismo.

La jungla de los derechos y privilegios que existe en el mercado laboral o en la gestión del Estado de bienestar en Italia es también la consecuencia del momentáneo predominio de los intereses y privilegios de las minorías fuertes del mundo del trabajo. Así, el corporativismo de las minorías fuertes, por su intrínseca naturaleza conservadora, puede manifestar, en muchos casos,  un verdader fermento para las contraofensivas de marca reaccionaria. De hecho, éstas siempre han encontrado en este siglo su propia base de masas en las corporaciones y en los trabajadores desempleados y precarios.

Notas.

(28) Véanse, entre otras muchas investigaciones sobre la crisis del Estado de bienestar “contributivo”, las Actas de la Conferencia de Programa de la Cgil sobre la reforma del Estado de bienestar (junio 1995), en Rassegna sindacale 27, del 17 de julio de 1995, y Pierre Rosanvallon, La nouvelle questión social, Seuil, París 1995.         

(*) Véase Mario Tronti en Operai e capitale, Einaudi, Torino 1966. De hecho, los párrafos siguientes son una dura crítica de Trentin al obrerismo de Mario Tronti. [Nota de JLLB]

6. DE LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO A LA TRANSICIÓN A LA GOBERNABILIDAD

Capítulo 6. De la transición “al socialismo” a la transición a la “gobernabilidad”

El repliegue de la acción política del movimiento obrero de la Europa occidental (y de muchas luchas sociales que han conducido los sindicatos) sobre temáticas meramente distributivas, asumiendo como inmutables –al menos durante un largo periodo--  las formas en que se organizaba la producción y el trabajo estaba ligado orgánicamente a la ideología de la “transición al socialismo”. Una ideología de la transición diversamente conjugada por las diversas corrientes culturales y por los partidos que se reclamaban “de la emancipación de la clase obrera”, pero en substancia férreamente dominantes en todas las versiones del socialismo occidental.

Cierto, para las socialdemocracias de la Europa del norte, al menos en la primera posguerra, no se identificaba con la fase que precede al salto cualitativo, representado por la conquista “definitiva” del Estado y las “irreversibles” expropiaciones de los medios de producción por el Estado. Sino con una larga y gradual marcha de acercamiento, sin discontinuidades violentas, al cambio cualitativo para conseguir una sociedad socialista completa. Que debía ser construida día a día con el auxilio de una acción legislativa, por la actividad del gobierno y las luchas sociales coordinadas con el proyecto político del partido. Lo que explica por qué --en los países  donde tal tradición socialdemócrata ha sido dominante en algunos periodos del siglo XX-- se haya experimentado, sobre la base de un proyecto orgánico, la mayor conquista social del movimiento obrero tras la segunda guerra mundial: el welfare state*. 

Así como también explica el esfuerzo (a veces intermitente) de la izquierda socialdemócrata poniendo en marcha una legislación de derechos sociales que introdujo algunas importantes innovaciones en el mercado laboral y en los sistemas de formación profesional. Un empeño que, a veces, consiguió legislar experiencias de cogestión y codeterminación en algunos aspectos de las estrategias empresariales (como en la República Federal Alemana o Suecia) y en la promoción de instituciones orientadas a incentivar la adopción de nuevas normativas sobre las condiciones de trabajo. En algunos casos con la creación de organismos públicos nacionales, articulados en el territorio, explícitamente financiados para conseguir tales objetivos: en Alemania, Suecia, Francia, Holanda e Irlanda.

Pero el tema central del cambio de la organización de la producción y del trabajo, y de la transformación de las relaciones de subordinación que caracterizaban el trabajo asalariado en todas sus formas (que se consideraban de naturaleza estructural) permanecía y no formaba parte de la agenda política de los partidos socialistas y del movimiento reformador de la izquierda.  Para los partidos y los movimientos de tradición socialdemócrata, el único espacio disponible para la intervención reformadora en este campo era la puesta en marcha de amortizadores sociales, orientados a la atenuación o compensación –en términos de políticas formativas o procesos redistributivos o a través de una legislación de apoyo a los sindicatos— de los efectos opresivos del poder discrecional del management, que estaba considerado como inmutable en su núcleo general. Al menos durante un largo periodo y bajo cualquier régimen.

Para los partidos de la izquierda más radical, sobre todo en la Europa del sur –ya fueran los partidos comunistas y algunos partidos socialistas--  la ideología de la “transición” se asumía, no obstante, como línea de conducta en sus formas más rígidas. Como, por ejemplo, entre los que, de un lado, no tardaron en interpretar la “transición” como la fase anterior a la dirección efectiva del gobierno del Estado; y, de otro lado, quienes la concibieron durante mucho tiempo como la fase que separaba drásticamente una sociedad capitalista de la llegada revolucionaria (pacífica, por supuesto) de la sociedad socialista. Una sociedad socialista que se podía construir solamente tras la  conquista del Estado “en su conjunto”, y no sólo del poder ejecutivo.

En las realidades nacionales donde se consolidó esta ideología de la transición, en las formaciones de izquierda prevaleció, naturalmente, una estrategia de tipo esencialmente redistributivo. Así pues, las transformaciones de la organización del trabajo y los cambios de las relaciones de poder entre el trabajo de ejecución y el management en el interior de las empresas (incluso las públicas) se dejaron de lado por razones de realismo político. O, con más frecuencia, era considerado un error a combatir. Porque cuestionar el ordenamiento jerárquico de la empresa –y de la división técnica del trabajo, que se asumía como fuerza productiva— hubiera significado comprometer las mismas bases materiales y sociales de la “nueva sociedad” que constituía “el horizonte de las estrategias políticas y sindicales dominantes”.

La acción distributiva en sus formas más tradicionales --intercalada con la intención de extender el control de Estado sobre la propiedad de las empresas,   vislumbrado como instrumento principal de una política de ocupación— era, pues, la manifestación prioritaria,  no sólo de una política orientada a compensar “los costes sociales del progreso técnico, sino incluso una estrategia “social” con la idea de legitimar la participación de los “partidos de la clase obrera” en el gobierno del país, como necesaria etapa de la transformación del Estado.  Y esto en las dos versiones posibles (no siempre contradictorias) de tal estrategia: a) la de una acción distributiva desestabilizadora, con la clase obrera en la oposición y una fuerza política de izquierda destinada a conquistar, ante todo, una consistencia representativa y un poder contractual en las negociaciones con los partidos del gobierno (una tentación que vuelve estos días en Italia  con la división de la izquierda de origen comunista); y b) la de aquella que propone su candidatura explícita al gobierno de la nación, esto es:   las fuerzas políticas que, por sus lazos “históricos” con el trabajo asalariado habrían sido las únicas capaces de conseguir una moderación del conflicto redistributivo y la “gobernabilidad de la cuestión social”.

Desde este punto de vista,  Italia puede considerarse como un caso típico. Y ello a pesar de (o en base a) las abundantes y ricas diversidades que, durante un largo periodo, han marcado la experiencia de la izquierda italiana en Europa, particularmente la “cultura de gobierno” de su partido “mas fuerte”, el Partido comunista. Que venía marcada, sin duda desde la caída del fascismo, por una concepción de la transición profundamente diversa de la de los demás partidos comunistas de Occidente.

La construcción de un partido de masas (y no de “vanguardia”); la búsqueda de una vía democrática y parlamentaria al socialismo; el intento reiterado de formular una estrategia de reformas “de estructura”, capaces de llegar a soluciones, con el concurso de la industria del Estado en lo atinente a la “cuestión meridional”; la conquista progresiva de una independencia real del Partido comunista de la Unión Soviética; y la prefiguración de un modelo de socialismo totalmente autónomo del que se experimentaba en los países del Este, como peculiaridad fuerte del comunismo italiano (y, en una primera fase, por el mismo Partido socialista italiano)… no comportaron, sin embargo, la superación completa de una concepción de la transición. Una concepción, que separaba como una muralla china, las dos fases radicalmente distintas de la lucha social y política del movimiento obrero: la acción propedéutica de la transformación socialista y el momento de la conquista (por la vía pacífica y democrática) del Estado por parte del partido o de los partidos que representaban a la “clase obrera” y sus “aliados”. Ni nunca comportó la completa superación de una idea del “progreso” económico y social  y de la historia de la sociedad civil, marcada por su irreductible separación por etapas y en rígidos ritmos. Que, a su vez, venían dictadas por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las transformaciones de las relaciones de producción ampliamente identificadas con las relaciones de propiedad. Unas etapas y unos ritmos que, con  la oportunidad de la  conquista del gobierno por las fuerzas políticas cercanas a la clase obrera, podían ser eliminadas. Incluso si el acceso de la izquierda al gobierno podía acelerar su superación, asumiendo los partidos obreros el papel que podía corresponder a la gran burguesía capitalista, frecuentemente considerada como “absentista” y siempre parasitaria, sobre todo en el caso italiano. Desde este punto de vista, el “diagnóstico” de los grupos dirigentes del Partido comunista italiano sobre el irremediable atraso, el parasitismo burocrático y la involución “monopolista” del capitalismo italiano permaneció substancialmente inmodificable desde los años veinte hasta los sesenta del siglo XX, al margen de la anomalía del paréntesis fascista**.     

Por estos motivos, no carece de fundamento la tesis, conscientemente parcial y unilateral, de que el historicismo marxista sufrió en Italia una torsión muy acentuada que expresaba también una híbrida asociación entre, de un lado, una notable ductilidad en la búsqueda de alianzas sociales, culturales y políticas, capaces de consolidar los espacios de democracia y convivencia civil; y, de otro lado, una persistente sordera a los impulsos que provenían de las infravaloradas transformaciones de la sociedad civil, que cuestionaban el esquema rígido de la “fase de transición” y de sus estadios separados de la historia social.

Asumido un determinado modelo de sociedad capitalista como inmutable para toda una fase histórica y, sobre todo, inmutable  desde su interior; y asumidas como variables las únicas que dicho modelo podía presentar en sus “retrasos de maduración”, su atraso (o sus contradicciones “nacionales”), la estrategia de la transición podía considerar como definitivos (no como próximos a una transformación cualitativa) algunos factores determinantes de la evolución y de la acción social  como, por ejemplo, la composición social de la clase trabajadora. Y no podía remover por un largo periodo los acontecimientos que contradecían la división de la historia en etapas predeterminadas. Como, por ejemplo, la emergencia de nuevas subjetividades en el mismo cuerpo de las clases trabajadoras y la “ruptura feminista”; la aparición en la sociedad civil de nuevas demandas que se escapaban de las lógicas del conflicto distributivo y la articulación de nuevos intereses y nuevas contradicciones, que podían abrirse camino en las clases propietarias y en el interior del mundo empresarial, incluso fuera de las viejas distinciones rituales entre pequeño y gran empresario, entre agricultor rico y campesino pobre, entre rentas y beneficios.  Y, sobre todo, las contradicciones que podían emerger dentro del mundo capitalista de la producción y del modo de producción industrial tout court.   Tanto  en relación con los límites que este modelo de producir encontraba en la explotación de los recursos naturales “finitos”, unos límites crecientes que suscitaban la aparición de nuevos sujetos políticos radicales, como en relación a los límites que dicho modelo tenía en su capacidad de encontrar una relación “general” y conflictiva de subordinación, explotación y valoración con el factor humano.  

Sólo teniendo en cuenta las señas de esta ideología de la “transición” hacia un Estado socialista, primero, y a una sociedad socialista, después, que prescinde de cualquier posibilidad de transformación endógena del modelo de producción existente, es posible entender la singular desatención de una parte tan grande de la izquierda italiana siempre empeñada en la búsqueda de una nueva legitimación democrática de la batalla por el socialismo ante las transformaciones y la crisis de los modelos industriales dominantes; también de las evoluciones del mercado laboral que se han registrado a lo largo de los últimos cuarenta años; de las constantemente  novedosas articulaciones económicas, sociales, culturales y políticas que aparecían en las clases trabajadoras; de los cambios cualitativos de las condiciones laborales de los asalariados; y, de igual manera, de los movimientos sociales y por los derechos civiles, que constituían la otra cara de estas transformaciones.       

 Los movimientos de liberación de la mujer, en abierta ruptura con la pedagogía de la “emancipación femenina”,  han provocado una laceración en los debates sobre los dogmas de la estrategia de la transición y sus etapas preordenadas. Y, sobre todo, es a partir de los años setenta, con el inicio de una gran discusión sobre los límites del desarrollo, cuando los movimientos verdes abrieron una segunda brecha demostrando no sólo la posibilidad, sino la necesidad  de modificar un modelo dominante de producción, independientemente de la ordenación de la sociedad y de la titularidad de la propiedad de los medios de producción. A finales de los años setenta, la oleada de liberación que atravesaba la enseñanza –tanto en Italia como en el resto del mundo--  penetra en las filas del movimiento obrero organizado hasta invertir, allá donde está presente, el carácter opresivo del modelo dominante de producción, y por segunda vez  tras la Primera guerra mundial abre una transformación de las relaciones de poder en la gran empresa mecanizada.

Las fuerzas políticas y culturales dominantes de izquierda y, sobre todo el Partido comunista italiano, aunque no supieron preverlas, buscaron indudablemente la incorporación de tales “contradicciones” cuando se manifestaban brutalmente. Sin embargo, salvo pocas y aisladas excepciones, no consiguieron sacar todas las implicaciones de aquellas emergencias. Tampoco consiguieron entender plenamente, sobre todo, que las mismas temáticas de los derechos civiles, de la igualdad de oportunidades, de la diversidad como valor, de los límites del desarrollo, de la liberación del trabajo de sus vínculos más opresivos, cuestionaban tanto la ideología de la “transición” como una concepción de la política que identificaba substancialmente el acceso al gobierno del Estado como premisa del programa del cambio social. 

En definitiva “integrar” tales contradicciones significó buscar sólo alianzas contingentes con estos nuevos sujetos emergentes en vez de cambiar de raíz el fundamento de la estrategia de la transición. Y de asumir la posibilidad de cambios, incluso radicales, en la organización de la empresa, en las políticas industriales y en la organización de la sociedad civil tanto en el área del mundo dominada por el sistema capitalista de producción  como las otras realidades industriales.

Ciertamente, ese intento de superar las contradicciones --a través de una política de alianzas, capaz de asumir al menos algunos objetivos de los nuevos sujetos emergentes-- se manifestó hacia los movimientos feministas y ecologistas. Sin embargo, no fue así en lo referente  a los movimientos de contestación de las formas dominantes de la organización del trabajo en la producción industrial: la respuesta de la izquierda, tras algunas vacilaciones, fue la tradicional de tipo distributivo. Por lo demás, era la respuesta más tranquilizadora para aquella parte del mundo empresarial de la que la izquierda esperaba, al menos, una benévola neutralidad en la hipótesis de su acceso al gobierno del país. El movimiento social volvía a ser, así, sólo la fuente de legitimación para apoyar a la izquierda al acceso del gobierno del país, y no el punto de referencia y el laboratorio para definir el proyecto de sociedad que diese fundamento a la identidad de la izquierda en el presente histórico.     

De esa manera parece existir una curiosa paradoja. Es posible que una parte consistente de la izquierda italiana alcance una experiencia de gobierno sin la necesidad del objetivo milenarista de una futura transformación radical del ordenamiento social. Pero sin disponer, al mismo tiempo, incluso de las referencias sociales necesarias para la elaboración de un proyecto reformador, basado en la posibilidad y necesidad concretas de ampliar las fronteras de la democracia en los centros de trabajo, asumiendo la existencia de un modelo dominante de producción y distribución, aunque sin sufrirlo como impedimento insuperable de cualquier hipótesis de reforma. La participación en el gobierno --no siendo ya para la izquierda la condición para iniciar un cambio global del sistema (que según los parámetros del pasado no resulta creíble ni previsible)--  tiende a convertirse, en aquel aspecto, en un objetivo in sé y no en la premisa de un proceso de transformación de la sociedad, de la que ya no se  dispone de la clave, ni se conocen sus posibilidades y potencialidades. La entrada en la “sala de control” substituye al “Palacio de Invierno”. Pero su finalidad se identifica, en ese aspecto, con el gobierno “competente” de esta sociedad, no teniendo ya las armas de la crítica de sus contradicciones más profundas, y sin una cultura del cambio que --para convertirse verdaderamente en reformadoras-- debe liberarse completamente de la ideología de la “transición” y de sus cánones.

En el nuevo contexto en que se encuentra la izquierda y en la búsqueda de nuevos caminos para superar su profunda crisis de identidad, el primer paso debería ocuparse de un proyecto de sociedad, capaz de dar legitimidad a la aspiración de gobernar y, antes, de legitimidad y sentido a las alianzas políticas y sociales que la izquierda debe intentar construir. Señalando así una fuerte discontinuidad con los “programas” del pasado que fueron definidos para otros presupuestos. Pero tal pasaje cultural y político es posible sólo si destruye totalmente el “esquema de la transición” que, llevado al límite, justificaba cualquier tipo de alianza funcional para el acceso al gobierno o, por lo menos, le confinaba en las viejas y estereotipadas  categorías de dicha ideología: las llamadas “capas medias”, los “partidos democráticos y populares”, la “alianza de los productores”.    Este pasaje cultural y político se convierte en posible si nos vemos en la necesidad de construir alianzas, a partir de un compromiso transparente entre el proyecto reformador de la izquierda y los objetivos contradictorios de otras fuerzas políticas o de determinadas orientaciones sociales.

Si, por el contrario, este compromiso –ciertamente necesario—es anterior al proyecto (que tal vez no vendrá nunca), la legitimación de la izquierda para gobernar pierde hoy todo significado para una cultura de la transformación y autorrealización de la persona.  Esta cultura sólo puede emanar o de una hegemónica “diversidad” o de una presunta “actitud en el gobierno”, profesionalmente más eficaz que la demostrada por las fuerzas, viejas o nuevas, que ya han madurado su propia experiencia de gobierno en el sistema de empresa y en la administración pública. Lo que, francamente, está por demostrar, y sobre todo no constituye un argumento a discutir.

En suma, queremos decir que si no se lleva hasta el final  esta ruptura con la ideología de la “transición” –o con lo que sigue siendo su esqueleto— y si el proyecto de cambio (si existe, si es realizable, si encuentra apoyos) de la sociedad actual no vuelve al primer puesto, sustituyendo definitivamente la gran coartada del “horizonte del comunismo”, la competición entre derecha e izquierda se convertirá cada vez más en una competición entre dos hipótesis de gobernabilidad de los existente.  Entre dos hipótesis que, en ausencia de fuertes proyectos de transformación de la sociedad civil (y no sólo de las instituciones del Estado), están destinadas a convertirse, en la experiencia concreta, en “soluciones a la carta” frente a la crisis y a los problemas que surjan siendo indescifrables la naturaleza, el origen y las salidas posibles.

En esta competición entre derecha e izquierda que, una vez más,  asumiría como inmutable el modo de producir y organizar la sociedad que, sin embargo, manifiesta clamorosamente los signos de una crisis irreversible, aunque abierta a las salidas más diversas, la nueva izquierda, se arriesga a perder, tal vez definitivamente, su propia identidad y su función de fuerza impulsora. Impulsora no de un progreso o crecimiento sin límites, sino de realización de los derechos fundamentales de la persona y de ampliación de las fronteras de la democracia en la sociedad civil y allá donde todavía está sujeta a un trabajo subordinado.   

Notas.

* En Suecia ya en 1932 el sindicato y la patronal firman el famoso acuerdo de Saltsjöbaden, que establece un código práctico para regular la negociación colectiva y la regulación de las relaciones laborales y paulatinamente van consiguiendo una clara intervención en materias como el mercado laboral y las políticas sociales. Una de las personalidades de mayor relieve fue Ernst Wigfors con propuestas y realizaciones que más tarde popularizaría Keynes y otros en el Reino Unido [Nota de JLLB].

** En esta ocasión, Bruno Trentin tiene la elegancia de no traer a cuento aquello de “Os lo dije hace tiempo”. Véase, la ponencia de nuestro autor en “Le dottrine neocapitalistiche l´ideologie delle forze dominante nella politica italiana”.  Atti del Convegno dell´Istituto Gramsci, 1962. en Bruno Trentin “Lavoro e libertà”, Ediesse 2008. En aquel encuentro Trentin tuvo un áspero encontronazo con Giorgio Amendola y otros miembros del grupo dirigente del PCI. [Nota de JLLB]

 

7. DEL SALARIO POLÍTICO A LA AUTONOMÍA DE LO POLÍTICO

Capítulo 7.  Del “salario político” a la “autonomía de lo político” 

Para darle algún fundamento a una reconstrucción tan drástica de alguna de las causas esenciales de la auténtica crisis de proyecto y de valores que afecta a la izquierda, puede ser de una cierta utilidad el análisis de la aventura intelectual y política de un grupo de militantes y dirigentes de la izquierda italiana desde el 68 hasta el final de la década de los ochenta. Seguiremos, pues, la parábola completa de una investigación que se inició con la teorización de la revuelta social en nombre del “salario político”, concebido como independiente de las reglas, vínculos y compatibilidades del sistema capitalista. Una teorización que, además, se trasmutaba en el descubrimiento de la autonomía de lo político  con relación a las transformaciones sociales, completándolo con el apoyo apologético de las teorías del “neocorporativismo” como forma completa de un intercambio político entre las clases sociales en conflicto (aunque políticamente subalternas) y el “Estado central”.

De hecho, es posible leer en esta parábola el paradigma de la experiencia vivida por una parte muy consistente de la izquierda italiana, en la que los “profetas de la autonomía de lo político” –incluso en términos siempre exasperados y, algunas veces, caricaturescos— representaron un “alma”. Que era el revelador y el termómetro de sus aporías y crecientes contradicciones. Lo demuestran las no infrecuentes convergencias entre esta corriente extrema del “salarialismo” y la “revolución por arriba” con las posiciones políticas que, de vez en cuando, planteaban las corrientes más moderadas y tradicionalistas de los partidos de izquierdas ante la cuestión social.      

La aventura de los profetas de “la autonomía de lo político” que se inició en un periodo de luchas sociales por la transformación de las condiciones de trabajo y de libertad en las empresas industriales, tras un periodo de larga incubación, alcanzó su punto culminante  de 1968 a 1970. De hecho en el transcurso de estos años, bajo el impulso de las nuevas generaciones de inmigrados del Sur de Italia que engrosaron las filas de los trabajadores descualificados en las fábricas del Norte y fueron empleados en tareas repetitivas y fragmentadas, se cuestionaron no sólo (como ocurrió en el pasado) los bajos salarios sino también los destajos, las cadencias y ritmos del trabajo, el régimen de horarios, las condiciones de seguridad y salud en contra de las producciones peligrosas y extenuantes. Y, sobre todo, se cuestionaron los centros de decisión que, hasta entonces, determinaban unilateralmente la “condición obrera”, mediante el pacto “liberador” del  “resarcimiento salarial” negociado. Fueron los años en que, por primera vez, la experiencia de los consejos de gestión de la inmediata posguerra, se contestaba el monopolio que la empresa reivindicaba para sí misma en materia de organización del trabajo; y durante los cuales, a pesar de todos los dogmas del positivismo historicista, emergía una voluntad de masas e incluso una confusa confianza de masas en la posibilidad de cambiar el modo de trabajar.  Para gestionar estos objetivos y no ciertamente para subrogar las tradicionales mediaciones salariales del sindicato se constituyeron los primeros “delegados de línea” y, sucesivamente, los consejos de fábrica con los delegados de grupo homogéneo.       

Frente a la convulsión del sistema de relaciones industriales que derivó de la difusión de la negociación descentralizada de las condiciones de trabajo –y ante el fracaso de  Lotta Continua de contraponer una guerrilla salarial bajo el modelo de la CGT francesa, que fue sumariamente confuso con la utopía liberadora del movimiento estudiantil de mayo del 68--  los intelectuales de “Classe Operaia” y “Contropiano”, por su parte, intentaron redefinir las bases teóricas de un conflicto social (en el que habían participado sobre todo como espectadores) y poner, así, las bases de una nueva concepción del quehacer político. Una nueva concepción del quehacer político que, de un lado, redefiniese los roles, en términos de una diferenciación radical –cuando no de contraposición--  al movimiento social de clase con su irreducible autonomía de la “política” y del sindicato; y de otro lado,  del partido político capaz de coger el testigo y llevar la demanda del cambio al “corazón del Estado”.

El punto de partida de esta reconstrucción, totalmente ideológica, del conflicto social a finales de los años sesenta (que, en verdad,  se presentaba como una visión finalmente “laica”, “desencantada” y “estructuralista” de la lucha de clases) fue el redescubrimiento, bajo la experiencia vivida por la izquierda alemana durante la República de Weimar, de una nueva “composición política” de la clase obrera. De hecho, esta nueva composición política había encontrado su más significativa expresión en la primacía (a pesar de que la realidad demostraba que constituía una minoría, aunque activa y aguerrida) del obrero especializado (el famoso “obrero masa” de cuño fordista), en las viejas vanguardias de los trabajadores altamente cualificados que, desde hacía un siglo, eran la fuerza hegemónica de los sindicatos y de los partidos obreros.

La “nueva composición política” de los obreros industriales acercaba, al menos en el terreno de la ideología,  toda la clase trabajadora (que, en aquel momento histórico, era extremadamente diversificada en sus condiciones laborales, en su profesionalidad, en sus rentas y en sus derechos) al “trabajador abstracto” de Marx. Y, así, contrariamente a ciertos epígonos del marxismo, como György Lukács, pudieron profetizar (configurando la “clase” como un sujeto político que surge en razón de una predestinación revolucionaria, “revelada” por el partido), los teóricos de “la nueva composición política” de la clase redescubrieron una clase puramente “económica” que, en sus razones elementales de existencia (de naturaleza exclusivamente económica),  reencontraba las raíces de su propia autonomía e identidad. No solamente frente al “Capital” sino ante las “instituciones”, que habían arrojado fuera de la historia a esta clase pura.

Es difícil ignorar la raíz idealista de dicha construcción. Sin embargo, es verdad que, a diferencia de otros modelos idealistas y teleológicos del conflicto social, con el descubrimiento de una clase obrera que encuentra en el conflicto puramente económico las bases independientes de la propia autonomía del “sistema” y de sus instituciones –vale decir, de la “política-partido”, de la “política-sindicato” y de la “política-Estado”--  se tiende a sancionar la existencia de dos mundos autosuficientes: el de la economía y el de la política.  Tan autosuficientes que pueden expresarse mediante organizaciones y lenguajes absolutamente impenetrables la una de la otra, y pueden aparecer en la historia de manera paralela. A veces la una sirviéndose de la otra, así de claro. De hecho, con esta nueva escisión entre economía y política que retorna puntualmente en la historia de las ideologías del movimiento obrero (que, en aquel periodo  se hizo eco singularmente de volver a proponer la “autonomía de lo social” por parte de algunos teóricos ortodoxos de la CSIL), el “obrero masa” de los años sesenta –con sus múltiples orígenes sociales y culturales, con sus diversas tradiciones y creencias, de los que era incluso portador, con sus diversas potencialidades profesionales y con sus diferentes necesidades--  “el obrero masa”, digo, cuando coincidía con personas de carne y hueso, volvía a ser una “categoría” ideológica sin historia cultural, organizativa y política: sin ninguna posibilidad de recuperar, incluso aunque fuera críticamente y a través de momentos de crisis y ruptura, un indeterminado patrimonio  cultural y político de las luchas obreras del pasado, una memoria del movimiento obrero organizado. 

El “obrero masa”, imaginado por los intelectuales de “Classe Operaia” y “Contropiano”, nacía puro y sin pasado. Y venía oportunamente a darle acomodo al aspecto teórico  que estaba en la raíz del “descubrimiento” de la “nueva composición política de la clase”. Es decir, la tendencia histórica de la clase obrera a perder, --junto a las características del trabajo manufacturero, a la cualificación individual como “oficio”, al trabajo ordenado según una previsible progresión profesional (un proceso sin duda presente en cierta medida en la Italia de los años sesenta y setenta)--  también cualquier interés material y político por la modificación de sus propias condiciones de trabajo, de la organización de las condiciones en que tal condición está aprisionada y las mismas relaciones de poder presentes en la “relación de producción”.

El divorcio del “obrero masa” de la vieja cualificación profesional coincide, para los futuros teóricos de la “autonomía de lo político”, con su definitivo divorcio de la producción como centro de intereses y como terreno del conflicto. Pero también del trabajo mismo, al menos como terreno donde recuperar un poder de decisión, una posibilidad de autorrealización y una identidad. La condición de trabajo pierde, de este modo, toda especificidad apreciable que justifique una acción concreta orientada a modificarla. En esto, el “obrero masa” –parido por los teóricos de Contropiano-- se sitúa rigurosamente y sin mucha fantasía  en el esquema imaginado, cincuenta años antes, por Frederick W. Taylor y, posteriormente, por Henry Ford.

En tal cuadro conceptual, para “la nueva clase obrera” no se trata ya de cambiar el trabajo sino de reencontrar su propia identidad negando el trabajo mismo. Porque ineluctablemente esta nueva clase obrera “identifica el trabajo con el capital” (29). Y para esta clase obrera, que construye su autonomía sobre la base de intereses sólo materiales inmediatos  sin interponer “ningún diafragma, ninguna interpretación de las fuerzas organizadas y de su lógica”, el modo más drástico y simple es, sobre todo, más unificador de la negación del trabajo, el aumento del salario como resarcimiento ilimitado de un trabajo extraño y maldito (30). También, por qué no, un “salario político” autónomo tanto de su conformación por las condiciones de la fábrica capitalista como de las mediaciones entre reivindicaciones diversas que propone el sindicato. Algo parecido a la “justa distribución” de la doctrina social católica. Porque hablar del “precio político” de la fuerza de trabajo (una de tantas versiones del salario como “variable independiente”) “no es tan peligroso como podría aparecer a simple vista: de hecho, el capital paga al trabajo abstracto (es decir, al obrero masa) no una remuneración por la cualidad […] sino el hecho de que sea trabajo vivo y que, con su presencia, pueda garantizar la producción del capital pero también negarla” (31).

En estas condiciones –o, si se quiere, en esta metafísica fordista, puesta al servicio de una rebelión subalterna a la primacía de aquel capital que crea y recrea al “obrero masa”--  el enemigo a batir es el sindicato con su intento “ilusorio”, aunque episódico, de cuestionar, controlar e incluso cambiar la organización del trabajo. Y, de esta manera, poner en cuestión los centros de poder que la determinan sin negar, por ello, su existencia y relevancia. Pero, al mismo tiempo, sin asumir su “objetividad” como un dato inmutable, “orgánicamente” connatural con la “esencia” del capital. Se alteraba, pues, la veleidad presente en el movimiento sindical “en sus sectores más avanzados” de construir, contra la “ruda concreción” de la clase obrera “real”, el conflicto de clase sobre la contradicción (inexistente para nuestros fordistas revolucionarios) entre la organización capitalista del trabajo y la profesionalidad colectiva potencial de la clase obrera (32). 

Y esto por dos razones esenciales, según los partidarios del “salario político”.  Porque, según ellos, sólo el poder del Estado puede substituir al poder del capital. Pero también –y ante todo--  porque la objetividad de la organización taylorista del trabajo y del modelo fordista de producción y distribución habría sido ya introyectada en la “nueva clase obrera”: “la cualificación genérica rechaza la hipótesis de su participación en el proceso de producción que se aleja de los modelos minimalistas de la prestación de la fuerza de trabajo”. Y “la nueva clase obrera” tiene que reaccionar negativamente ante lo que representa un ataque a sus actuales niveles de fuerza, es decir, a los caracteres dominantes de su actual manera de ser. En otras palabras, ello parece intuir que un proceso de recomposición del proceso de trabajo podría dar lugar a un proceso de  descomposición como clase y a una nueva forma de sometimiento a las leyes de producción capitalista” [Nota del traductor. La fatigante repetición de la palabra “proceso” está en el texto original de estos entrecomillados que, todos ellos, son citas del libro de Alberto Asor Rosa].  (33)    

La lucha por los salarios y su posible desarrollo --a través de la mejora cuantitativa de la tutela del Estado de bienestar (pensiones, asistencia sanitaria…), con la condición de reflejarse en la estrategia del salario-- se convertía, sin embargo, en el instrumento de una “progresiva unificación de la clase” y, también, de una unificación económica en torno a la clase de todo el trabajo asalariado. La clase ha descubierto en este camino “el tema políticamente enorme del valor real del salario (34). Surgían, pues, las condiciones –según los estrategas del “salario político”--  de una lucha salarial desestabilizadora de los equilibrios económicos existentes que sitúa el problema (aunque sin poder resolverlo) de un posible gobierno no de la empresa sino del Estado. En una preordenada división de las tareas entre lucha social (mejor dicho, “económica”) y acción política y, en algunos casos, entre sindicatos y partidos siguiendo las enseñanzas del voluntarismo leninista del ¿Qué hacer?: a la lucha puramente salarial le corresponde “impedir un reequilibrio estático del sistema, crear las condiciones para que la lucha obrera continúe al día siguiente de la firma del convenio y disolver todas las previsiones de la acumulación capitalista”. Le corresponde a las demandas salariales globales de los obreros “impedir la reorganización institucional del sistema y su capacidad de control político” (35).

Sin embargo, no le correspondía a la “clase obrera” gestionar esta dramática contradicción. De hecho, mientras las luchas obreras pusiran “con extrema urgencia el problema del poder –no del poder a pedacitos, fragmentariamente, que se recoge desde “abajo”, de todo el poder, de aquel poder que se gestiona solamente desde arriba, y sólo cuando se tienen todas las palancas horizontales y verticales-- solamente el partido puede servir de instrumento de esta revuelta salarial y los peligros que genera dada la capacidad de control político del sistema”.  Porque “la lucha obrera en la fábrica y en el Estado se coloca en dos planos completamente escalonados entre sí. La primera   puede incluso no alcanzar nunca el corazón de la segunda  si no existe un canal de comunicación y permita involucrar también a las instituciones del Estado en la crisis del desarrollo  que determinan las luchas obreras” (36).

Ahora bien, detengámonos en este punto para “situar” la primera fase de la parábola en el contexto del debate que atraviesa toda la izquierda italiana sobre las cuestiones que plantean las luchas sociales concretas de finales de los años sesenta. Y sobre el tema, que deviene central en esos años: el cambio del trabajo y la conquista posible de nuevas formas de organización no sólo en la empresa sino en la misma sociedad civil. Por ejemplo, la constitución de nuevas formas de representación de los trabajadores en los centros de trabajo; la aspiración de los sindicatos a intervenir en la organización del trabajo y, también, en las estrategias de las inversiones de las empresas; la asunción del sindicato de un control inédito en la dislocación de los recursos (en el momento en que se afronta la reforma del Estado de bienestar existente) presentándose en la escena como un nuevo sujeto político.   

Es difícil resumir en pocas líneas las diversas (y, a veces, muy divergentes) reacciones que la experiencia sindical de finales de los años sesenta y principios de los setenta suscitó en las principales fuerzas de la izquierda “oficial”. Un solo dato parece unificarlo y ponerlo en sintonía con la crítica radical  de los teóricos del “salario político”, de la “autonomía de lo social”, y del “salarialismo” del “obrero masa”. Es el de la eliminación o, incluso, la condena abierta de una experiencia reivindicativa y contractual que cuestionaba prácticamente (y no sólo ideológicamente) la tradicional división de las tareas del partido y las del sindicato; y, en definitiva, la división “histórica” entre política y economía, entre lucha “social” y lucha política”.

Esta reacción de rechazo se manifestó, ante todo, en los debates entre el partido y el sindicato sobre las exigencias de las luchas sindicales de superar las formas existentes de la vieja “división del trabajo”. Por dos consideraciones esenciales.

La primera, naturalmente, se refería a la “inmadurez” de unas luchas orientadas a objetivos que se referían a la organización del trabajo y a las prerrogativas de la empresa en este campo con el riesgo consecuente de desviar la acción reivindicativa de los trabajadores de la “verdadera cuestión”, de aquello que se podía resolver, o sea: los salarios.  No entendiendo que la política salarial siempre fue (solamente) una de las expresiones del conflicto social con sus modalidades  y finalidades, su incidencia sobre la estructura del salario y en el coste del trabajo que siempre han ido cambiando –incluso substancialmente— a través del tiempo. La expulsión de la acción sindical de una mera y repetitiva operación distributiva (que, más bien, debía gestionarse con rigor) podía, según sus opositores, introducir en la situación italiana un elemento de desestabilización que chocaba con los cánones de una política de alianzas sociales basada, sustancialmente, en el reconocimiento de la sacralidad de las prerrogativas del empresario en la gestión de las inversiones y la organización del trabajo. Incluso por estos motivos de fondo, la constitución de los delegados de línea –y sucesivamente de los consejos de fábrica— superando las viejas Comisiones internas [su equivalente aproximado serían nuestros viejos jurados de empresa, JLLB] se encontraba con una dura oposición en el interior del Partido comunista italiano y de su grupo dirigente. Que despreciativamente consideraban a los consejos como una forma casual y efímera para organizar el conflicto por los salarios (¡) por los teóricos del “salario político”. Los consejos de delegados son, evidentemente, el cuestionamiento de las formas tradicionales de democracia sindical y de las mismas formas de representación del sindicato en una perspectiva que  abría la unidad sindical que se construía desde abajo; así las cosas, esto se convertía en una insoportable  “invasión del territorio”: un pasillo que cuestionaba no sólo las relaciones substanciales de la subalternidad del sindicato al partido, sino la “competencia exclusiva” del partido político sobre todas las cuestiones económicas y sociales que se salían de la mera política distributiva.  La experiencia del Piano del Lavoro, a mitad de los años cincuenta, parecía que estaba eliminada en la memoria de la izquierda “política” en los años sesenta y setenta. 

La segunda consideración constituía el necesario complemento de la primera. En la medida en que se cimentaba en la temática de la organización del trabajo, la acción sindical se dirigió hacia el “corazón” de la política industrial del sistema empresarial, vale decir, al uso de la tecnología, la calidad y cantidad de las inversiones necesarias para garantizar una diversa distribución del trabajo y del empleo. Ahora bien, esta “deriva” no entraba en conflicto solamente con el  “sentido común” de la izquierda, que asumía como substancialmente inmutable las formas dominantes de la organización del trabajo:  ¡cuánta irrisión se vertió por los sabihondos teóricos de la “primacía de lo político”  contra el “nuevo modo de construir el automóvil” o sobre el cambio de la línea de montaje! Sin embargo, proponía una transformación de las políticas industriales en las grandes empresas públicas y privadas, incluso mediante una intervención “desde abajo” en la sociedad civil. No sólo mediante la intervención del Estado, es decir, a través de una mediación entre el Estado y las grandes empresas. Esto parecía ser el error. De hecho, esta “deriva” de la acción sindical cuestionaba, simultáneamente, la estrategia de la “transición”, el papel dominante del Estado en las transformaciones de la sociedad civil y, en consecuencia, el rol del partido como actor político exclusivo y como el único sujeto habilitado para construir, incluso en el campo social, la estrategia de las alianzas. 

No faltan los ejemplos de tan errónea separación entre lucha social y lucha política y, en definitiva, entre economía y política que inspiró, por ejemplo, la orientación de una parte consistente del la dirección del PCI, sobre todo en los debates sobre las “degeneraciones” de la acción de los sindicatos orientadas al control de las inversiones industriales destinado a la creación de empleo en el Mezzogiorno. En medio de una lucha contractual que tenía como objetivo central el control de las inversiones en conexión con una movilización de los trabajadores del Sur para abrir una fase en el proceso de industrialización, una parte del grupo dirigente del PCI (1972) no dudó en ofrecer una clamorosa hospitalidad y total solidaridad a los barones de la industria con plena participación del Estado que (con una obstinación superior a la de los grandes grupos privados) intentaban romper esta demanda de los sindicatos; y, al mismo tiempo, defender sus propias prerrogativas de grands commis (independientes del Parlamento y de sus interlocutores sociales). Aquello sucedió en las Jornadas del CESPE en otoño de 1972. Y, en gran medida, estos fervientes partidarios de esta singular primacía de la política mantuvieron una neutralidad hostil a la gran manifestación organizada por los metalúrgicos, albañiles y jornaleros del campo en Regio Calabria en noviembre del mismo año cuando se trataba de responder, con una propuesta de cambio y un movimiento de masas, la revuelta populista de los boia chi molla y de sus patrocinadores fascistas (36*). 

Pero esta creciente hostilidad contra el intento del sindicato de salir de los límites del mero conflicto distributivo y contra una  autonomía que llevase a convertirlo en un sujeto político, se expresa, andando el tiempo en la izquierda y en el sindicato, con los argumentos y las modulaciones más diversas. Desde los reiterados juicios negativos durante el ciclo de las luchas sociales --que se inicia a finales de los sesenta y que, según algunos, habría comprometido con sus demandas reformadoras la posibilidad de definir en la política un nuevo modelo de desarrollo--  hasta las repetidas críticas, desde la Rivista Trimestrale a la estrategia sindical de controlar las inversiones de las empresas de participación del Estado. Y, también, las tesis propugnadas por dicha publicación en 1980 en las que –descubierto el agotamiento de la relación de explotación en los centros de trabajo (sin ni siquiera dignarse a echarle un vistazo a las relaciones de subordinación y opresión)— se sostenía la necesidad de orientar la iniciativa política de la izquierda (por no hablar del conflicto social) “de la producción a la distribución” previa a la función prometéica de orientar los consumos en el interés de la población y en dirección a los nuevos deseos de la comunidad. Con el objetivo de poder contrastar, en el terreno distributivo, el poder de las concentraciones monopolistas.

Sin embargo, se mantuvo la crítica al “pansindicalismo” que pretendia subrogar las prerrogativas del partido e ignoraba el Estado como lugar exclusivo de formación de la política (37).  Tampoco faltó (¡en 1978!) la exaltación de la versión lassalleana del leninismo, contenida en el ¿Qué hacer?; y con unas premisas similares, se denunció la vanidad y los peligros en el esfuerzo de los sindicatos de trasladar las luchas del trabajo de la sociedad civil al campo atrincherado de la formación de una voluntad política general sin la mediación que monopolizaba el “partido de la clase obrera” (38). Es sintomático que esta defensa de las prerrogativas exclusivas de la formación de la decisión “política”, entendida como un proceso que se realiza exclusivamente en el ámbito del Estado –o en función de ello--  no sólo eliminaba de un plumazo toda visión dinámica de la sociedad civil (“el verdadero hogar y el teatro de la historia”, del que hablaba Gramsci), sino que al mismo tiempo despreciaba, incluso “requisándo”,  los contenidos y mensajes  que venían de las luchas sociales cuando éstas no se limitaban a expresar una mera –sacrosanta, pero a menudo subalterna--  exigencia distributiva. En esta sordera general está madura, de hecho, una convergencia con la más ruda y pragmática conducta de los empresarios que, desde décadas, estaban empeñados (¡también ellos!) en reconducir al salario todas las tensiones sociales y a “simplificar”, de esa manera, la creciente complejidad de las demandas que surgían de la sociedad civil, que no podían estar constreñidas en una operación de cuantificación contable y de puro resarcimiento.

Este rechazo de la nueva dimensión política de las luchas sociales cuando invertían algunos equilibrios de poder en la empresa (por ejemplo, la organización del trabajo) no era sólo una parte consistente de la dirección del PCI. Reacciones no disímiles caracterizaban las críticas o las repulsas que tomaron cuerpo, en los años setenta y ochenta, en otros ámbitos de la izquierda y en el mismísimo movimiento sindical. Basta recordar, entre otras reservas que expresaron dirigentes e intelectuales socialistas en torno a la política sindical de controlar las inversiones; las críticas orientadas a un pretendido “gigantismo” del sindicato que podría llevarle a perder sus propias raíces en el momento que sobrepasara la acción distributiva en los centros de trabajo. E también, a desestabilizar las reglas de una democracia que aunque conflictiva estaba basada en una rigurosa división de poderes (y contrapoderes equilibradores) y tiene su base en un sindicato confinado en lo “social” y en la empresa. De hecho, también en este caso, la “política” es, por definición, cosa de Estado; y el conflicto sobre la organización del trabajo, si no cuestiona la jerarquía de la empresa no puede asumirse como conflicto político. Mientras que si acabase siéndolo –en tanto que contesta dicha jerarquía en su modo de operar--  introduciría un factor de confusión insoportable en el equilibrio de poderes y contrapoderes (39).  

Por lo demás, en el mismo periodo un intelectual de prestigio, dirigente de la CSIL, Bruno Manghi –una vez pasada la euforia de la contestación a la organización taylorista en un libro, por otra parte, rico en observaciones agudas (Declinare crescendo)  exigía al sindicato una vuelta (y no un confinamiento) a lo “social”, abandonando la errónea estrategia de las reformas, que acabaría por envolverlo en unas opciones de tipo exclusivamente políticas. Que encontrarían, sin embargo, en el Estado su necesario y único punto de referencia e, incluso, de formación. Sin embargo, no se puede olvidar que dicho retorno a la antigua ideología de la “autonomía de lo social” (que pronto hará de contrapunto y no de alternativa al redescubrimiento de la “autonomía de lo político”), presuponía en la historia del sindicato donde militaba Manghi, un Estado y un gobierno orgánicamente orientados a considerar aquel tipo de sindicato como su interlocutor privilegiado; y a operar como celosos mediadores, propensos –por razones culturales y políticas— a tener en cuenta el deseo de legitimación de aquel tipo de sindicato. Pero ello no quita singularidad a la crítica de Manghi y a su significativa convergencia con las posiciones de cuantos proponían, mediante el ataque al llamado “pansindicalismo” una nueva separación entre sociedad civil y Estado, entre lucha política y lucha social, entre economía y política volviendo a emitir los viejos eslóganes leninistas de “lo primero es la política”.  De hecho, según Manghi en aquellos tiempos el sindicato acabó perdiendo su autonomía –su misma identidad--  en el momento en que establece una mediación entre tensiones políticas diversas en el momento en que supera la “integridad” del “conflicto elemental” (naturalmente el siempre tranquilizador de carácter distributivo) subrogando poderes de mediación que son de otros sujetos y que pertenecen a la esfera del Estado como lugar de formación del acto político.

La lucha por los salarios y su posible desarrollo --a través de la mejora cuantitativa de la tutela del Estado de bienestar (pensiones, asistencia sanitaria…), con la condición de reflejarse en la estrategia del salario-- se convertía, sin embargo, en el instrumento de una “progresiva unificación de la clase” y, también, de una unificación económica en torno a la clase de todo el trabajo asalariado. La clase ha descubierto en este camino “el tema políticamente enorme del valor real del salario (34). Surgían, pues, las condiciones –según los estrategas del “salario político”--  de una lucha salarial desestabilizadora de los equilibrios económicos existentes que sitúa el problema (aunque sin poder resolverlo) de un posible gobierno no de la empresa sino del Estado. En una preordenada división de las tareas entre lucha social (mejor dicho, “económica”) y acción política y, en algunos casos, entre sindicatos y partidos siguiendo las enseñanzas del voluntarismo leninista del ¿Qué hacer?: a la lucha puramente salarial le corresponde “impedir un reequilibrio estático del sistema, crear las condiciones para que la lucha obrera continúe al día siguiente de la firma del convenio y disolver todas las previsiones de la acumulación capitalista”. Le corresponde a las demandas salariales globales de los obreros “impedir la reorganización institucional del sistema y su capacidad de control político” (35).

Sin embargo, no le correspondía a la “clase obrera” gestionar esta dramática contradicción. De hecho, mientras las luchas obreras pusiran “con extrema urgencia el problema del poder –no del poder a pedacitos, fragmentariamente, que se recoge desde “abajo”, de todo el poder, de aquel poder que se gestiona solamente desde arriba, y sólo cuando se tienen todas las palancas horizontales y verticales-- solamente el partido puede servir de instrumento de esta revuelta salarial y los peligros que genera dada la capacidad de control político del sistema”.  Porque “la lucha obrera en la fábrica y en el Estado se coloca en dos planos completamente escalonados entre sí. La primera   puede incluso no alcanzar nunca el corazón de la segunda  si no existe un canal de comunicación y permita involucrar también a las instituciones del Estado en la crisis del desarrollo  que determinan las luchas obreras” (36).

Ahora bien, detengámonos en este punto para “situar” la primera fase de la parábola en el contexto del debate que atraviesa toda la izquierda italiana sobre las cuestiones que plantean las luchas sociales concretas de finales de los años sesenta. Y sobre el tema, que deviene central en esos años: el cambio del trabajo y la conquista posible de nuevas formas de organización no sólo en la empresa sino en la misma sociedad civil. Por ejemplo, la constitución de nuevas formas de representación de los trabajadores en los centros de trabajo; la aspiración de los sindicatos a intervenir en la organización del trabajo y, también, en las estrategias de las inversiones de las empresas; la asunción del sindicato de un control inédito en la dislocación de los recursos (en el momento en que se afronta la reforma del Estado de bienestar existente) presentándose en la escena como un nuevo sujeto político.   

Es difícil resumir en pocas líneas las diversas (y, a veces, muy divergentes) reacciones que la experiencia sindical de finales de los años sesenta y principios de los setenta suscitó en las principales fuerzas de la izquierda “oficial”. Un solo dato parece unificarlo y ponerlo en sintonía con la crítica radical  de los teóricos del “salario político”, de la “autonomía de lo social”, y del “salarialismo” del “obrero masa”. Es el de la eliminación o, incluso, la condena abierta de una experiencia reivindicativa y contractual que cuestionaba prácticamente (y no sólo ideológicamente) la tradicional división de las tareas del partido y las del sindicato; y, en definitiva, la división “histórica” entre política y economía, entre lucha “social” y lucha política”.

Esta reacción de rechazo se manifestó, ante todo, en los debates entre el partido y el sindicato sobre las exigencias de las luchas sindicales de superar las formas existentes de la vieja “división del trabajo”. Por dos consideraciones esenciales.

La primera, naturalmente, se refería a la “inmadurez” de unas luchas orientadas a objetivos que se referían a la organización del trabajo y a las prerrogativas de la empresa en este campo con el riesgo consecuente de desviar la acción reivindicativa de los trabajadores de la “verdadera cuestión”, de aquello que se podía resolver, o sea: los salarios.  No entendiendo que la política salarial siempre fue (solamente) una de las expresiones del conflicto social con sus modalidades  y finalidades, su incidencia sobre la estructura del salario y en el coste del trabajo que siempre han ido cambiando –incluso substancialmente— a través del tiempo. La expulsión de la acción sindical de una mera y repetitiva operación distributiva (que, más bien, debía gestionarse con rigor) podía, según sus opositores, introducir en la situación italiana un elemento de desestabilización que chocaba con los cánones de una política de alianzas sociales basada, sustancialmente, en el reconocimiento de la sacralidad de las prerrogativas del empresario en la gestión de las inversiones y la organización del trabajo. Incluso por estos motivos de fondo, la constitución de los delegados de línea –y sucesivamente de los consejos de fábrica— superando las viejas Comisiones internas [su equivalente aproximado serían nuestros viejos jurados de empresa, JLLB] se encontraba con una dura oposición en el interior del Partido comunista italiano y de su grupo dirigente. Que despreciativamente consideraban a los consejos como una forma casual y efímera para organizar el conflicto por los salarios (¡) por los teóricos del “salario político”. Los consejos de delegados son, evidentemente, el cuestionamiento de las formas tradicionales de democracia sindical y de las mismas formas de representación del sindicato en una perspectiva que  abría la unidad sindical que se construía desde abajo; así las cosas, esto se convertía en una insoportable  “invasión del territorio”: un pasillo que cuestionaba no sólo las relaciones substanciales de la subalternidad del sindicato al partido, sino la “competencia exclusiva” del partido político sobre todas las cuestiones económicas y sociales que se salían de la mera política distributiva.  La experiencia del Piano del Lavoro, a mitad de los años cincuenta, parecía que estaba eliminada en la memoria de la izquierda “política” en los años sesenta y setenta. 

La segunda consideración constituía el necesario complemento de la primera. En la medida en que se cimentaba en la temática de la organización del trabajo, la acción sindical se dirigió hacia el “corazón” de la política industrial del sistema empresarial, vale decir, al uso de la tecnología, la calidad y cantidad de las inversiones necesarias para garantizar una diversa distribución del trabajo y del empleo. Ahora bien, esta “deriva” no entraba en conflicto solamente con el  “sentido común” de la izquierda, que asumía como substancialmente inmutable las formas dominantes de la organización del trabajo:  ¡cuánta irrisión se vertió por los sabihondos teóricos de la “primacía de lo político”  contra el “nuevo modo de construir el automóvil” o sobre el cambio de la línea de montaje! Sin embargo, proponía una transformación de las políticas industriales en las grandes empresas públicas y privadas, incluso mediante una intervención “desde abajo” en la sociedad civil. No sólo mediante la intervención del Estado, es decir, a través de una mediación entre el Estado y las grandes empresas. Esto parecía ser el error. De hecho, esta “deriva” de la acción sindical cuestionaba, simultáneamente, la estrategia de la “transición”, el papel dominante del Estado en las transformaciones de la sociedad civil y, en consecuencia, el rol del partido como actor político exclusivo y como el único sujeto habilitado para construir, incluso en el campo social, la estrategia de las alianzas. 

No faltan los ejemplos de tan errónea separación entre lucha social y lucha política y, en definitiva, entre economía y política que inspiró, por ejemplo, la orientación de una parte consistente del la dirección del PCI, sobre todo en los debates sobre las “degeneraciones” de la acción de los sindicatos orientadas al control de las inversiones industriales destinado a la creación de empleo en el Mezzogiorno. En medio de una lucha contractual que tenía como objetivo central el control de las inversiones en conexión con una movilización de los trabajadores del Sur para abrir una fase en el proceso de industrialización, una parte del grupo dirigente del PCI (1972) no dudó en ofrecer una clamorosa hospitalidad y total solidaridad a los barones de la industria con plena participación del Estado que (con una obstinación superior a la de los grandes grupos privados) intentaban romper esta demanda de los sindicatos; y, al mismo tiempo, defender sus propias prerrogativas de grands commis (independientes del Parlamento y de sus interlocutores sociales). Aquello sucedió en las Jornadas del CESPE en otoño de 1972. Y, en gran medida, estos fervientes partidarios de esta singular primacía de la política mantuvieron una neutralidad hostil a la gran manifestación organizada por los metalúrgicos, albañiles y jornaleros del campo en Regio Calabria en noviembre del mismo año cuando se trataba de responder, con una propuesta de cambio y un movimiento de masas, la revuelta populista de los boia chi molla y de sus patrocinadores fascistas (36*). 

Pero esta creciente hostilidad contra el intento del sindicato de salir de los límites del mero conflicto distributivo y contra una  autonomía que llevase a convertirlo en un sujeto político, se expresa, andando el tiempo en la izquierda y en el sindicato, con los argumentos y las modulaciones más diversas. Desde los reiterados juicios negativos durante el ciclo de las luchas sociales --que se inicia a finales de los sesenta y que, según algunos, habría comprometido con sus demandas reformadoras la posibilidad de definir en la política un nuevo modelo de desarrollo--  hasta las repetidas críticas, desde la Rivista Trimestrale a la estrategia sindical de controlar las inversiones de las empresas de participación del Estado. Y, también, las tesis propugnadas por dicha publicación en 1980 en las que –descubierto el agotamiento de la relación de explotación en los centros de trabajo (sin ni siquiera dignarse a echarle un vistazo a las relaciones de subordinación y opresión)— se sostenía la necesidad de orientar la iniciativa política de la izquierda (por no hablar del conflicto social) “de la producción a la distribución” previa a la función prometéica de orientar los consumos en el interés de la población y en dirección a los nuevos deseos de la comunidad. Con el objetivo de poder contrastar, en el terreno distributivo, el poder de las concentraciones monopolistas.

Sin embargo, se mantuvo la crítica al “pansindicalismo” que pretendia subrogar las prerrogativas del partido e ignoraba el Estado como lugar exclusivo de formación de la política (37).  Tampoco faltó (¡en 1978!) la exaltación de la versión lassalleana del leninismo, contenida en el ¿Qué hacer?; y con unas premisas similares, se denunció la vanidad y los peligros en el esfuerzo de los sindicatos de trasladar las luchas del trabajo de la sociedad civil al campo atrincherado de la formación de una voluntad política general sin la mediación que monopolizaba el “partido de la clase obrera” (38). Es sintomático que esta defensa de las prerrogativas exclusivas de la formación de la decisión “política”, entendida como un proceso que se realiza exclusivamente en el ámbito del Estado –o en función de ello--  no sólo eliminaba de un plumazo toda visión dinámica de la sociedad civil (“el verdadero hogar y el teatro de la historia”, del que hablaba Gramsci), sino que al mismo tiempo despreciaba, incluso “requisándo”,  los contenidos y mensajes  que venían de las luchas sociales cuando éstas no se limitaban a expresar una mera –sacrosanta, pero a menudo subalterna--  exigencia distributiva. En esta sordera general está madura, de hecho, una convergencia con la más ruda y pragmática conducta de los empresarios que, desde décadas, estaban empeñados (¡también ellos!) en reconducir al salario todas las tensiones sociales y a “simplificar”, de esa manera, la creciente complejidad de las demandas que surgían de la sociedad civil, que no podían estar constreñidas en una operación de cuantificación contable y de puro resarcimiento.

Este rechazo de la nueva dimensión política de las luchas sociales cuando invertían algunos equilibrios de poder en la empresa (por ejemplo, la organización del trabajo) no era sólo una parte consistente de la dirección del PCI. Reacciones no disímiles caracterizaban las críticas o las repulsas que tomaron cuerpo, en los años setenta y ochenta, en otros ámbitos de la izquierda y en el mismísimo movimiento sindical. Basta recordar, entre otras reservas que expresaron dirigentes e intelectuales socialistas en torno a la política sindical de controlar las inversiones; las críticas orientadas a un pretendido “gigantismo” del sindicato que podría llevarle a perder sus propias raíces en el momento que sobrepasara la acción distributiva en los centros de trabajo. E también, a desestabilizar las reglas de una democracia que aunque conflictiva estaba basada en una rigurosa división de poderes (y contrapoderes equilibradores) y tiene su base en un sindicato confinado en lo “social” y en la empresa. De hecho, también en este caso, la “política” es, por definición, cosa de Estado; y el conflicto sobre la organización del trabajo, si no cuestiona la jerarquía de la empresa no puede asumirse como conflicto político. Mientras que si acabase siéndolo –en tanto que contesta dicha jerarquía en su modo de operar--  introduciría un factor de confusión insoportable en el equilibrio de poderes y contrapoderes (39).  

Por lo demás, en el mismo periodo un intelectual de prestigio, dirigente de la CSIL, Bruno Manghi –una vez pasada la euforia de la contestación a la organización taylorista en un libro, por otra parte, rico en observaciones agudas (Declinare crescendo)  exigía al sindicato una vuelta (y no un confinamiento) a lo “social”, abandonando la errónea estrategia de las reformas, que acabaría por envolverlo en unas opciones de tipo exclusivamente políticas. Que encontrarían, sin embargo, en el Estado su necesario y único punto de referencia e, incluso, de formación. Sin embargo, no se puede olvidar que dicho retorno a la antigua ideología de la “autonomía de lo social” (que pronto hará de contrapunto y no de alternativa al redescubrimiento de la “autonomía de lo político”), presuponía en la historia del sindicato donde militaba Manghi, un Estado y un gobierno orgánicamente orientados a considerar aquel tipo de sindicato como su interlocutor privilegiado; y a operar como celosos mediadores, propensos –por razones culturales y políticas— a tener en cuenta el deseo de legitimación de aquel tipo de sindicato. Pero ello no quita singularidad a la crítica de Manghi y a su significativa convergencia con las posiciones de cuantos proponían, mediante el ataque al llamado “pansindicalismo” una nueva separación entre sociedad civil y Estado, entre lucha política y lucha social, entre economía y política volviendo a emitir los viejos eslóganes leninistas de “lo primero es la política”.  De hecho, según Manghi en aquellos tiempos el sindicato acabó perdiendo su autonomía –su misma identidad--  en el momento en que establece una mediación entre tensiones políticas diversas en el momento en que supera la “integridad” del “conflicto elemental” (naturalmente el siempre tranquilizador de carácter distributivo) subrogando poderes de mediación que son de otros sujetos y que pertenecen a la esfera del Estado como lugar de formación del acto político.

Partiendo de este clima político y cultural que coincide, a partir de la segunda mitad de los años setenta, con una creciente dificultad del sindicato (en el curso de las primeras crisis económicas de dimensiones mundiales derivadas de la situación del petróleo), empieza a tomar cuerpo una estrategia embrionaria de transformación de las condiciones de trabajo y del empleo. Es cuando los teóricos de la autonomía irreductible de la ruda classe pagana “per sé” (y del “salario político” como emblema de aquella autonomía) descubren la centralidad de otra vertiente  que, todavía durante un tiempo, sigan llamándola “lucha de clase”: la autonomía de lo político. 

Estas teorizaciones se presentan desde diversos enfoques, a veces por el mismo autor.  De hecho, según algunos, las luchas obreras orientadas a desestabilizar el cuadro distributivo empezaron a agotarse, incluso por la culpable contumacia de los partidos de  izquierdas (o mejor dicho, por el “partido” por excelencia). Según otra versión, tales luchas habrían encontrado ya en la función distributiva del Estado –y en esta “politiquería” del Estado— un límite insalvable. En ambas hipótesis, en todo caso, las luchas sociales debían plegar velas. Para algunos se tratará de iniciar “un largo y difícil proceso destinado a dejar al Capital sin su Estado” (40). Mientras que en formulaciones más a la brava (y quizá más coherentes) se trataba, sin embargo, de gestionar el Estado o modernizarlo a cuenta del gran capital a través de una alianza con ellos (41). Pero el aterrizaje era el mismo, y las diferencias originarias se disuelven. De hecho,  la convergencia es total en la asunción de un auténtico postulado “fordista”: “el nivel de la producción no es el nivel de la politiquería,  es más bien lo contrario; el significado político de la lucha obrera está en la distribución de la renta entre las diversas clases sociales (42).

Es ya una opción obligada para el “personal político” que reclamaba idealmente a la clase obrera que reconociese al Estado como la única dimensión de la política; como el lugar al que confiar al gran capital (la fuerza más dinámica) la modernización de la “cosa pública”, encargando  a la “clase obrera” (o a alguien través de ella) el objetivo de “guiar el proceso de adecuación de la máquina del Estado a la máquina productiva del capital” (43).

Ahora bien, para recorrer un camino similar es preciso verificar algunas condiciones con las que los teóricos de la “autonomía de lo político” echaron cuentas con muchas dificultades. La primera condición era que el gran capital estuviera dispuesto a aceptar dicha alianza y no obstaculizara  la entrada de los mandatarios de la mítica “clase obrera” en el puente de mando, de la que –hace unos veinte años— hablaban aunque con otros objetivos hombres como David Crossland y Pietro Nenni o Mario Tronti (por citar solamente al más crudo y más cándido entre los apologetas de la “autonomía de lo político”) que creían, tal vez un poco sumariamente, que existía dicha “predisposición”. Los hechos también la desmintieron (44). La segunda condición era que la “clase” pudiera expresarse a través de un instrumento profesionalmente preparado para gestionar la modernización capitalista del Estado con la idea de poderse emancipar de  la tutela y de la cultura de la misma clase obrera. En pocas palabras, el “partido de la clase obrera”. Mejor aún: como se sugirió por  algunos antiguos teóricos del “salario político” y de la “autonomía de lo social”, el partido único (sin pluralidad y sin “concurrencia”) de la izquierda (45).  También por estas razones, la “socialización de la política”, de la que hablaron algunos dirigentes comunistas como Pietro Ingrao en los años setenta, aparece a los neófitos de la “autonomía de los político” como un concepto para “almas bellas” (45*).  Pero también era una idea tan peligrosa como errónea que acabaría por nutrir  una pluralidad de expresiones políticas de la misma clase obrera. Por el mismo motivo, una expresión política de las luchas sociales que se realizaría también a través del sindicato se identificó con el extremismo “obrerista” a combatir (como descubrieron en unas Jornadas en 1977 los viejos exponentes de Quaderni rossi, Potere operaio y Contropiano).

Según estos nuevos apologetas del partido guía, está claro que “la relación entre el capital y su poder político continúa más allá del totalitarismo buscando y encontrando otras vías: la forma del partido de Estado, que no es un partido totalitario; es un partido estructurado mediante unos instrumentos democráticos a la captura de consensos, aunque todavía lleva adelante su tipo de lógica política que no se identifica, ni tampoco refleja el desarrollo interno del capital, manteniendo el discurso de de la relación entre capital y poder (46). Pero debe tratarse de un “partido de Estado” capaz de formar parte de la infame “clase política” de Gaetano Mosca. Es decir, una fuerza cooptada en el “puente de mando” para aprovecharse, hasta el fondo, del “arte de la política” y de las cosas específicas que son propias a la esfera autónoma del poder y de la política que representa el Estado. Expresando, así, culturalmente la escisión entre economía y política o, como supo hacer Stalin, “la violencia de lo político hacia lo económico” y “elevar lo político a potencia” (47). ¡Un objetivo arduo para un partido de izquierda que acepte las reglas de la democracia!

La tercera condición (que presenta no pocas dificultades) comporta la posibilidad de que “dicha emancipación por la clase obrera” no elimine la “marca de origen” de este nuevo “partido de Estado”. Es decir, su permanencia como la única expresión “legítima” de la clase, conservando, eso sí, su cooptación en la clase política dirigente. Sucede que esta ruda “razza pagana” sin ideales, sin fe, sin moral (48) tal vez negándose a sí misma en una especie de ascesis mística (no rara en el lenguaje idealista del “decisionismo” que volvió a poner de moda Carl Schmitt) confió al partido de Estado el encargo de “mediar en su nombre” entre los intereses que ella encarna y los del “capital, viejo y nuevo”. Este es el salto cualitativo que los teóricos de la “autonomía de lo político” remueven completamente en el plano conceptual, pero dándolo por hecho en la realidad. Incluso si la “clase obrera” mantiene en ese esquema una entidad abstracta, dada por conocida para siempre en sus concretas determinaciones históricas y en sus posibles transformaciones, por no hablar de sus específicas y diversas motivaciones económicas, culturales y políticas. Con esta operación ideológica se interrumpe totalmente toda interrelación entre los impulsos que provienen de los contenidos específicos del conflicto social y de las señales que atestiguan las transformaciones en curso en el seno de la clase trabajadora, en su composición social y cultural, en sus demandas (si se exceptúan las distraídas referencias en las estadísticas sobre la “pobreza”) y la determinación de los objetivos programáticos que debe asumir el nuevo “partido-Estado”.   

Más bien, esta interrelación se corta debileradamente cuando  el programa (si existe) está dictado, ante todo, por los imperativos que provienen de la necesaria legitimación del partido como parte de la clase política (a la que se la confunde  de buena gana  con “el interés general”) y de las alianzas políticas y sociales que constituyen la primera condición (49).  De ese modo, esta “gran política”, finalmente emancipada de los influjos que le podían venir de lo más vivo de la sociedad civil y de sus conflictos, liberada del empacho de volver a darle una salida y un futuro a las demandas específicas que maduran en la historia de los movimientos sociales, puede tener su propia razón de ser –una vez presunta la exigencia de un “mandato” de la “clase” y de una legitimación para “gobernar” incluso en su nombre--  solamente mediante la capacidad de mediar entre los intereses de la capa política que debería, en primer lugar, expresar y tutelar (siendo identificados mediante la abstracción Estado con el interés general) y los intereses de los actores de la sociedad civil, frecuentemente en conflicto entre ellos.  Como puede verse es una “gran política” sin valores y principios fundantes. Que vive ya solamente  bajo lógicas de pertenencia y supervivencia.  O bajo los  presupuestos metafísicos de la “diversidad”.               

De esta manera se abre otra etapa en la singular aventura intelectual de un área de la izquierda radical italiana. Una etapa en cuyo recorrido estos veteranos del “salario político”  tratando de bajar –de lo alto del partido-Estado— a las situaciones, cada vez más complejas, del conflicto social buscando la oportunidad de encontrar (¡finalmente!) unos interlocutores menos reticentes en el campo de la izquierda oficial y en el sindicato. Es la etapa del “intercambio político” y del neocorporativismo (50). 

No es este el momento y el lugar de hacer un análisis crítico puntual de la regresión cultural y política que las crudas proclamas de la “autonomía de lo político” expresaron cuando se pusieron en marcha para exorcizar la derrota, incluso intelectual, del extremismo romántico de quienes se proclamaron obreristas y pretendieron interpretar las voluntades reales de la “clase per sé”.  Mucho se ha escrito al respecto y alguna que otra vez de modo pertinente (51). Nos interesa más seguir las huellas del análisis gramsciano de la sociedad civil y de la “guerra de posiciones” para conquistar las “casamatas” de la sociedad civil como alternativa al asalto y ocupación del Estado. De hecho, es en la sociedad civil donde Gramsci, como observa agudamente Norberto Bobbio, sitúa su polémica contra “la consideración exclusiva del plano estructural que conduce a la clase obrera a una lucha estéril y sin resultados (economicismo)” y contra “la consideración exclusiva del momento negativo del plano superestructural que conduce, también ella, a una conquista efímera, sin resultados (estatolatría, partitolatría)” y a “la falsa superación de las condiciones materiales que operan en la estructura, mediante el puro dominio sin consenso” (52).

Al día de hoy es incluso superfluo detectar cómo la substitución de las reflexiones de Gramsci con el descubrimiento de Hobbes y Schmitt (53) no eche cuentas, de un lado, con la clase obrera real --no ya reducible a “clase obrera”--  cada vez más articulada  en sus condiciones de vida y libertad, en sus demandas e identidades, y, de otro lado, tampoco con un Estado moderno que no reconoce las “clases” sino “grupos de interés”, que para “gobernar” se orienta a reducir a intereses “cuantificables” la multiplicidad de demandas, cualitativamente diversas entre ellas, que condición su modo de operar. Un Estado que no sólo no supera las corporaciones sino que tiende a crearlas y promoverlas para simplificar su propia mediación. 

En los tiempos en que vivimos se puede, a lo sumo, entender y “catalogar” la ideología “de la autonomía de lo político” más allá de su verbosidad metafísica y su carga autoritaria, si hubiera calado en el terreno de la lucha de “los grupos políticos”, entre burócratas profesionalizados y políticos profesionales, por el control y el reparto de la máquina del Estado. Si hubiera sido asumida, en suma, como uno de los momentos “provincianos” de la historia separada de los intelectuales italianos, en tanto que capa. Como una de tantas variantes de provinciales de la ideología tecnocrática.            

Sin embargo, lo que nos interesa subrayar es, una vez más, su promiscuidad con una cierta involución de la cultura política de la izquierda italiana de finales de los setenta, incluso en el momento en que se dibuja, tanto en Europa como en los Estados Unidos, la contraofensiva triunfadora de la derecha neoliberal y autoritaria.

No me refiero sólo a los límites del proyecto, aun así inspirado en la salvaguarda de una perspectiva democrática, la del “compromiso histórico”, sin que, al mismo tiempo, emergiese desde las filas de la izquierda un proyecto reformador orgánico que diese razones y sentido a un nuevo compromiso social, más allá de las genéricas referencias a una modernización del Estado y a una redimensión de las rentas parasitarias. Como si estas últimas correspondiesen a una capa social distinta y contrapuesta al de los empresarios. Me refiero también a los generosos intentos que ha llevado a cabo  la izquierda italiana  de tomar en consideración la remoción de los vínculos que condicionaban la realización de una política de reformas y ampliación de los derechos sociales. Tales como  la de contener la inflación; racionalizar el gasto público; redistribuir la carga fiscal con criterios de eficiencia y equidad; hacer frente a los contragolpes de las dos crisis petrolíferas, que tuvieron una incidencia particularmente relevante en una economía sobreexpuesta en el plano internacional como lo es la italiana. Se trataba, sin duda alguna, de preocupaciones válidas y de intentos serios de poner las premisas de una propuesta de gobierno, saliendo de una lógica de oposición prejuiciada ante cualquier tipo de medidas económicas gubernativas y de enroque defensivo frente a las transformaciones del capitalismo. La política de austeridad, basada en criterios de equidad y rigor –sostenida con poco éxito por Enrico Berlinguer-- y la misma orientación sindical, definida en la Conferencia del EUR de contención de la inflación y el déficit público, de moderación salarial y salvaguarda de las perspectivas de crecimiento del empleo tuvieron esta impronta.

Sin embargo, su limitación, ciertamente no accidental, consistió en el hecho de que las propuestas y las disponibilidades podían constituir solamente la premisa y el presupuesto de un proyecto reformador y de una lucha social y política orientada a conseguirlo. Ahora bien, dicho proyecto fue sólo un esbozo. Fue un bosquejo casi justificativo del objetivo principal que representaba el acceso al gobierno del país. Mientras que en el plano de las luchas sociales de masas que habrían debido “tener en cuenta” (en el terreno del empleo, de la mejora de las condiciones de vida, de la reforma y la ampliación de las tutelas del Estado de bienestar) los sacrificios que los trabajadores ocupados tuvieron que soportar para permitir la realización de este proyecto, los sindicatos fueron impotentes o reticentes. Se dio, así,  motivos a la reserva de quienes temían que el objetivo principal de la propuesta sindical no fuese tanto una modificación substancial (aunque gradual y realista) de la política económica del gobierno sino la legitimación del sindicato como interlocutor privilegiado ante el gobierno (54).

De hecho, en aquellos años se inicia en la cultura de la izquierda, la disociación entre una política que se autojustifica como medio para el acceso al gobierno del país (como condición prejuiciada para la formación de un eventual programa reformador) y un movimiento social, frecuentemente confuso y desarticulado, pero ya privado de un interlocutor político atento a los contenidos específicos de sus demandas y capaz de reconstruir un nuevo compromiso sobre la base de objetivos unificadores, en primer lugar entre los trabajadores subordinados.

El Piano del Lavoro fue también un intento de Giuseppe Di Vittorio de tener en cuenta los vínculos y compatibilidades a respetar en una economía fuertemente inflacionista y con un desempleo de masas como aquella de los años cincuenta. Pero, a pesar de su carácter, todavía aproximativo y de su programa de reformas, su fuerza movilizadora y su posibilidad de incidir concretamente en la realidad social y política del país dependió en gran medida de la capacidad  de la CGIL el darle cuerpo y alma  no sólo a la disponibilidad real de los trabajadores al sacrificio temporal de algunas  reivindicaciones salariales, sino también a su voluntad de cambio: a la lucha por el empleo, a la lucha por una política industrial diferente, a la lucha por la reforma agraria, a la lucha por cambiar las condiciones de trabajo y conquistar nuevos derechos sindicales y contractuales.      

Notas

(34) Alberto Asor Rosa en Partito, sindacato dopo i contratti. Contropiano, abril de 1970. Ver también Massimo Cacciari en Che fare, operai e capitale di fronte ai contratti, Marsilio, Venecia, 1969. 

(35) Alberto Asor Rosa en Il medio periodo della lotta di classe in Italia, en Contropiano, 1969. 

(36) A. Asor Rosa Partito e sindacato… 

(36*) Nota del Traductor.  Boia chi molla literalmente "verdugo (asesino) el que abandona (la lucha)" es un eslogan fascista. La frase  tiene el sentido aproximado de "traidor quien ceda". Posiblemente usado ya en tiempos de la República Partenopea (1799)  y en los “Cinco días de Milán” (1848).  Durante la Primera Guerra Mundial fue el lema de  los Ardite, unidad de asalto del ejército italiano. La frase pasó a formar parte del acerbo del régimen fascista, hasta el punto de que en la actualidad se cree de forma errónea que fue acuñada por el propio Mussolini. En 1943 fue utilizado por el ejército de la República Social Italiana,   que peleaba en el territorio de la Italia ocupada. La expresión volvió a ponerse de moda durante la  Revuelta de Regio Calabria, una serie de revueltas que tuvieron lugar entre julio de 1970 y febrero de 1971 en protesta por la decisión de trasladar la capital de Calabria de Catanzaro a Regio. Ciccio Franco, fascista,  adoptó el lema como eslogan de la revuelta, hasta el punto de que los sucesos son recordados en ocasiones como "revuelta del boia chi molla”.

(37)”. Aris Accornero. Operaismo e sindacato, en Operaismo e centralità operaia (aa.vv.) 

(38) Ver Luciano Barca en Noi non riconminciamo da zero, en Rinascita, 7 abril de 1978: “… estamos convencidos que la conciencia de clase sólo se puede llevar al obrero desde fuera”. (39) Ver Giuliano Amato, entre otros, en Mondo operaio, núm, 5 de 1978 y número 2 de 1980.    

(39) Giuliano Amato. Mondo operaio. Num. 2, 1980

(40) A. Asor Rosa en Partito e sindacato…

(41) Mario Tronti. Sull´autonomia del politico. Feltrinelli, Milano, 1977

(42) Ibidem.

(43) Ibidem.

(44) Ibidem.

(45) Ibidem.

(45*) Nota del traductor. Se trata de una alusión a lo que se dio en llamar “l´anima bella Della sinistra”: una transversalidad de sindicalistas de distintas organizaciones y militancias política que intentó renovar la vida sindical y  política italiana. Ver Fabrizio Loreto   L´anima bella” del sindacato. Storia della sinistra sindacale (1960 – 1980). Ediesse, 2005 (JLLB)  Aquí el autor le da a “almas bellas” una connotación de ilusos.  

(46) Ibidem.  

(47) Ibidem.

(48) Mario Tronti en Estremismo e riformismo. Contropiano, 1 de febrero de 1968.

(49) Mario Tronti. L’ autonomía del politico.

(50) Mario Tronti. Politica e potere. Critica marxista, 3 de 1978.

(51) Quaderni piacentini 66 – 67 (1978)

(52) Norberto Bobbio. Gramsci e la società civile, Feltrinelli 1976.

(53) Mario Tronti. Hobbes e Cronwell, in Stato e rivoluzione in Inghilterra. Il Saggiatore, Milano 1977.

(54) Mario Tronti. Il tempo della politica. L´organizzazione del movimento operaio alla prova della crisi capitalista, Editore Riuniti, 1980.